Sí se puede denuncia ante la fiscalía al alcalde Macario Benítez por obstaculizar la labor de oposición.

La denuncia se debe a lo que Sí se puede entiende como un delito basado en impedir el ejercicio del derecho a la información que tiene su concejal electo en el Consistorio, Fidel Vázquez Benito.
En la denuncia se explica que en repetidas ocasiones, el concejal Vázquez no ha recibido respuesta del alcalde ante sucesivas peticiones de información, necesaria para la labor de oposición que debe realizar el mencionado concejal. Estas peticiones de información versan sobre los locales que el Ayuntamiento debiera haber cedido a los grupos de la oposición para que estos realicen su labor, tal y como indica la legislación vigente; sobre la moción institucional que decidió elaborarse en el Pleno celebrado el pasado 2 de agosto de 2011, con el objetivo de crear una comisión representativa de todos los grupos políticos para elaborar el Reglamento de Participación Ciudadana del municipio y sobre la Licencia de obra solicitada por Sí se puede en abril de 2011 en relación a la demolición del Monumento a Franco situado en Las Raíces. Ninguna de ellas fue contestada por el Alcalde, cuando La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 77, obliga a ello en un plazo de 5 días.
En cuanto a otra petición sobre facturas abonadas por el Ayuntamiento de El Rosario, los últimos 5 años, de gasóleo para generadores de energía eléctrica que suministran a viviendas del municipio que no tienen servicio de Unelco, el alcalde, aunque fuera de plazo, contestó negando la información, aduciendo que no había “razonamiento en la petición que justifique la necesidad de esta información para el desarrollo la función del que subscribe como miembro de la Corporación Local”.
Sí se puede entiende que los hechos mencionados constituyen “una negativa reiterada, consciente e injustificada del derecho a la información que tiene su concejal”. Los ecosocialistas aseguran que el Alcalde, que ha estado y está desempeñando ese cargo durante más de veintiocho años, es veterano conocedor de una norma tan elemental como el artículo 77 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de los artículos 14 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que proclaman el derecho de los concejales a obtener información; por lo que su actuación impide de manera arbitraria y reiteradamente el ejercicio de este legítimo derecho constitucional y legalmente reconocido para el desarrollo de las funciones de Concejal.
Según expresan los ecosocialistas en la denuncia las actuaciones del Alcalde pudieran revestir una vulneración del derecho fundamental del artículo 23.1 de la Constitución, que establece que ”los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal“, por lo que se insta a la aplicación de la protección del Ordenamiento Penal. Para la formación de izquierdas estos hechos violentan la capacidad de control de la oposición ya que se niega el legítimo acceso a la información.
Sí se puede en El Rosario se viene quejando repetidamente de lo costoso que le está siendo hacer labor de oposición en un Ayuntamiento donde “el grupo de gobierno está acostumbrado a casi 30 años de mayoría absoluta y no es capaz de entender que el resto de concejales electos también representan a una porción de la población que los puso en el Consistorio con el voto en las urnas”. Los ecosocialistas afirman que están para colaborar con el gobierno del municipio, haciendo labor constructiva de oposición, labor que “es imposible de realizar estando constantemente en el más absoluto desconocimiento de la información necesaria para ello”. La organización rosariera afirma que los materiales que se solicitan para desempeñar sus tareas de oposición siempre se les entregan a última hora, cuando sucede, rozando los límites legales.
Finalmente desde Sí se puede critican también la periodicidad de los plenos ordinarios, el número de mociones y preguntas posibles por parte de cada concejal de la oposición, el horario de los plenos por la mañana, la negativa a darles publicidad institucional, la inmovilidad ante las iniciativas de la oposición por reactivar la participación ciudadana en la gestión municipal, la rigidez ante los turnos de palabra, etcétera. Todo contribuye, según los ecosocialistas, a tener “una acción del grupo de gobierno absolutamente opaca y blindada que impide el ejercicio de la democracia participativa más allá del mero día de las elecciones”.