Sí se puede reclama al Ayuntamiento de Arona un compromiso para evitar el vertido de aguas residuales sin depurar

La organización ecosocialista destaca que hay obras paralizadas desde 2008.

Sí se puede reclama al Ayuntamiento de Arona un compromiso para evitar el vertido de aguas residuales sin depurar. El portavoz de la asamblea local de la organización ecosocialista en Arona, Carlos Delgado, destaca que desde 2008 está paralizado el proyecto de saneamiento Subsistema de Arona Este-San Miguel. Tampoco se sabe cuándo se ejecutará el proyecto de la planta de tratamiento previsto para ubicarse en Cho (Parque de la Reina).

El portavoz ecosocialista destaca que los sucesivos gobiernos municipales no han intervenido en la situación, al menos, para reclamar al Consejo Insular de Aguas y al Gobierno de Canarias que cumplan con sus obligaciones; por este motivo, insta al grupo de gobierno de Arona a “cumplir con su deber en una situación que puede afectar gravemente al municipio”.

“El proyecto de saneamiento Subsistema de Arona Este-San Miguel, que incluye una estación de pretratamiento de las aguas vinculadas al emisario de Las Galletas, continúa esperando su conclusión desde 2008 y sigue vertiendo las aguas sin depurar directamente al mar”, apunta Delgado.

Diversos problemas de financiación y algunos obstáculos derivados de la convocatoria sucesiva de contrataciones de las obras por quiebra de algunas de las empresas encargadas han aplazado desde 2008 hasta ahora la ejecución de unas obras que son “imprescindibles para la costa de Arona”, asegura el portavoz ecosocialista en referencia a la intervención en el emisario de Las Galletas, que es una de las actuaciones previstas y paralizadas hace nueve años.

Pie de foto: Socavón correspondiente al inicio de las obras inconclusas en Las Galletas.

 

El programa de saneamiento de Las Galletas está detenido a la espera de que el Gobierno de Canarias invierta alrededor de dos millones de euros para terminar la estación de pretratamiento y la fase terrestre del emisario. Se trata de una obra que obligatoriamente debe financiar el ejecutivo autonómico, al estar considerada de interés regional. El papel de esta infraestructura es imprescindible para poder liquidar definitivamente el antiguo emisario de Punta del Viento.

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