Unid@s se puede denuncia que el informe clave para mantener el servicios de grúas en manos de los afines a Clavijo costó 12.840 euros

Rubens Ascanio, portavoz municipal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, ha explicado este jueves que según los datos facilitados por el área de Hacienda y Servicios Económicos de la institución local, el monto total del informe elaborado por los profesores Francisco Villar y Francisco Clavijo, que hizo posible el levantamiento de los reparos del Interventor municipal en el caso grúas, tuvo un coste total de 12.840 euros para las arcas municipales.

El edil recuerda que su grupo lleva más de un año esperando por esta información, que “pedimos en la propia Comisión Investigación de las grúas y en la que los propios beneficiarios de este pago aseguraron no recordar la cantidad, igual que los responsables municipales, que tampoco sabían cuál había sido el coste de este controvertido informe”. Asegura que “tras reiterar varias veces la solicitud y que nuestros abogados solicitaran también esa información en el juicio, hemos logrado finalmente saber qué cantidad se cobró, muy significativo que se haya tenido que producir todo de esta manera”.

Ascanio recuerda que, según las declaraciones en el juzgado del propio Villar, este informe fue elaborado a inicios de 2014 tras un encargo del área de Seguridad Ciudadana, que en ese momento dirigía José Alberto Díaz, pedido según su declaración en el juzgado “con una nota o correo electrónico” y sin que conocieran datos reales de la situación por la que pasaba Autogrúas Poli SL. Hay que recordar que el mismo se produce cuando la empresa que gestiona el servicio municipal de retirada de vehículos pasaba por un momento especialmente grave, con más de 300.000 euros en deudas, impagos continuados de las nóminas del personal e incumplimientos que los propios interventores municipales del servicio calificaron de “graves o muy graves”, datos que “entendemos que deberían haber producido la retirada del servicio a la empresa adjudicataria”.

“Es tremendo que con simple correo electrónico se hiciera posible este informe de más de 12.000 euros y que sin duda fue clave para algo tan inusual como un préstamo municipal de 120.000 euros a una empresa adjudicataria, que a su vez permitió la prórroga del servicio a la misma en agosto de 2014, asunto por el que ya está imputado el actual portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, Antonio Pérez Godiño”, manifiesta.

Para el portavoz de la confluencia lagunera es significativo que “este pago, ejecutado dos meses antes de las elecciones municipales de 2015, fuera equivalente al coste en 2014 de todo el “estudio y redacción de la ordenanza de venta ambulante”, abonado también a la misma Fundación Universidad Empresa y que igualmente estuvo a cargo de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna. Rubens Ascanio además indica que en el primer semestre de ese año 2015 el Ayuntamiento abonó otros seis estudios a la misma Fundación universitaria, dos relativos a Nicolás Estévanez por un total de 4.500 euros, 4.300 euros para la limpieza de la fuente del Adelantado, 7.000 euros del Congreso Iberoamericano de Innovación Pública y 7485 euros para el proyecto “Situación económica actual y posibilidades y potencialidades estratégicas del municipio de La Laguna”.

El concejal lagunero cree que ese pago de 12.840 euros “simplemente es una piedra más en el camino de acciones destinadas a lograr que las personas que, según sus declaraciones en el juzgado, manifestaron su relación con Fernando Clavijo no tuvieran ningún quebranto económico por su mala gestión, un pago más que hemos hecho todos los laguneros y laguneras para salvaguardar a las amistades del poder vinculado a Coalición Canaria”. Ascanio considera lamentable que “con la multitud de temas importantes a los que podríamos haber destinado esos recursos económicos, la decisión de unos políticos de salvaguardar intereses privados provocó un nuevo mal uso de los fondos públicos, para levantar los reparos formulados por los técnicos municipales que no quisieron ser partícipes de posibles ilegalidades”.

Finalmente el edil informa que el equipo jurídico que les asesora está trabajando en la nueva documentación que presentarán en los próximos días en la que, tras las recientes declaraciones en el juzgado, pedirán nuevas imputaciones vinculadas con el Caso Grúas.