Unid@s se puede llevará al proximo pleno una moción para instar a la elaboración de una Ley Estatal de Financiación del transporte público colectivo

Considera que el transporte público colectivo es una necesidad de primer orden para un desarrollo menos insostenible y, como tal, debe ser considerado una prioridad a todos los niveles

Unid@s se puede pedirá en el próximo pleno que se inste a la administración central a iniciar la redacción y tramitación de una Ley de Financiación de Transporte Público, que incluya la participación de todos los niveles de gobierno en coherencia con las recomendaciones de la Unión Europea.

“Es el momento de situarnos al mismo nivel que el resto de países de Europa, y es el momento también de que el Estado apueste por el transporte público colectivo urbano e interurbano” explica María José Roca, edil de Unid@s se puede.

Según el grupo municipal lagunero “en los últimos años, hemos asistido a la desaparición o a severos recortes en la aportación que el Estado realiza a los Ayuntamientos (y en el caso de Canarias, a los Cabildos Insulares) para subvencionar la prestación de los sistemas de transporte público colectivo. La situación se ha visto agravada por el necesario mantenimiento, en tiempo de crisis, de las tarifas, lo que ha requerido un mayor esfuerzo adicional por parte de unas administraciones locales con grandes dificultades para mantener y explotar las redes de transporte público colectivo. Justamente cuando más se necesitaba contribuir a la sostenibilidad del sistema, es cuando el Estado no ha estado a la altura de las circunstancias, habiendo priorizado otras inversiones más elitistas (como el avance de la alta velocidad) u otros objetivos políticos muy discutibles (caso del rescate de la Banca)”.

En el caso de TITSA, la plantilla afronta desde 2012 un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como consecuencia de las dificultades económicas ocasionadas por la crisis y la aplicación draconiana de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que limita el déficit de las empresas públicas, sin tener en cuenta que el transporte público colectivo de viajeros constituye cuarto un pilar de los servicios básicos del Estado de Bienestar, equiparable en cierto modo a la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. “Para ello, entendemos que es necesaria una apuesta decidida por parte de las administraciones centrales, a las que se invita a desarrollar una Ley Estatal de Financiación del Transporte Público que garantice su viabilidad y su sostenibilidad y que a la postre resulta en una inversión plenamente rentable tanto en beneficios sociales como en aumento de la eficiencia de los recursos destinados al transporte. La propuesta de superar el ámbito municipal para solicitar una Ley estatal surge de la necesidad de asegurar el transporte público a medio y largo plazo, racionalizando la inversión según tamaño, población e inversiones previas” ha subrayado Roca.

«Los municipios somos conscientes del papel relevante que tenemos en la lucha contra el cambio climático y a la hora de garantizar una movilidad sostenible y asequible para las personas, sin embargo las administraciones locales no pueden realizar en solitario esta tarea si pretendemos que sea de carácter permanente», ha dicho Roca “en este sentido animamos al resto de corporaciones locales de mas de 50 mil habitantes a sumarse a esta petición que evita arbitrariedad en las inversiones estatales” finaliza Roca.