La ACP denuncia la contratación continuada de abogados vinculados al despacho de Lope Afonso

La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) denuncia que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha contratado en los últimos años, de manera continuada, servicios jurídicos a personas vinculadas estrechamente a RGA Abogados de Canarias SLP, empresa de la que son socios el actual alcalde, Lope Afonso, y el concejal de Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Pedro González. Según la formación asamblearia, estas contrataciones comenzaron en 2009, año desde el que el Partido Popular y Coalición Canaria gobiernan de forma ininterrumpida en la ciudad, y superan los 110.000 euros.

 

El portavoz de la ACP, David Hernández, señala que, “entre 2009 y 2011, el gobierno municipal de CC y PP encomendó la defensa jurídica del Ayuntamiento en al menos nueve ocasiones a RGA Abogados de Canarias SLP para que la ejercieran a través de los abogados Lope Afonso y Pedro González, lo que le generó al despacho unos ingresos de, como mínimo, 33.827,74 euros en apenas año y medio”. Hernández recuerda que “Lope Afonso y Pedro González ya eran, en ese periodo, destacados militantes del Comité Local del Partido Popular” y que “González, incluso, había sido concejal en el mandato 2003-2007”.

 

Asimismo, el portavoz de la Asamblea apunta que, a partir de mayo de 2011, con la entrada como concejales de dos de los tres socios del bufete (el propio Lope Afonso, por el PP, y Verónica Rodríguez, por CC), y “ante el escándalo que habría supuesto seguir contratando abiertamente a RGA con dos de sus propietarios en el gobierno municipal, el PP y CC optaron por la solución más obvia, pero igualmente poco decorosa: contratar directamente a la persona que quedó al frente del bufete, Pedro González, el único de los socios que en ese momento no era concejal”. Según la información recabada por la ACP, entre 2011 y 2014, González cobró 11.043,97 euros del Ayuntamiento, a los que hay que añadir 9.663,62 euros de la empresa pública municipal Pamarsa; en total, 20.707,59 euros.

 

Hernández indica que Lope Afonso y Pedro González no son los únicos beneficiarios de contrataciones del Ayuntamiento relacionados con RGA Abogados de Canarias SLP, ya que, desde 2013, el gobierno municipal de PP-CC viene contratando habitualmente los servicios de los que fueron, durante años, responsables del departamento laboral de RGA. Así, detalla que, hasta el momento, estos dos abogados han cobrado del Ayuntamiento, de Pamarsa y del Organismo Autónomo Local un total de 56.349,53 euros.

 

A juicio del concejal de la ACP, “independientemente de las implicaciones jurídicas que pudiera tener este asunto, es éticamente inaceptable que el Ayuntamiento contrate de manera reiterada y sistemática a compañeros de partido, socios y colaboradores profesionales de miembros destacados del gobierno municipal”.

 

Servicio gratuito del Cabildo

Hernández sostiene que uno de los rasgos característicos de los gobiernos locales del PP y CC ha sido la “judicialización” de buena parte de los conflictos. “Ante la decisión entre negociar o ir a los juzgados, se optó sistemáticamente por el segundo camino, presentando una y otra vez recursos con muy pocas posibilidades de salir adelante, lo que generó grandes costes a la ciudadanía, así como beneficios, entre otros, a abogados afines”, denuncia. En su opinión, “estos hechos resultan especialmente graves debido a que el Cabildo de Tenerife ha ofrecido durante todo este tiempo un servicio jurídico gratuito a los consistorios de la isla”. A pesar de ello, señala, “PP y CC rechazaron la posibilidad de utilizar un recurso público de calidad con coste cero para el Ayuntamiento y decidieron gastar cientos de miles de euros en contratar servicios jurídicos externos a la Administración; solo ante las reiteradas denuncias de estos hechos por parte de la oposición, el gobierno municipal se vio obligado a empezar a recurrir con asiduidad al servicio gratuito de la corporación insular”.

 

Para el concejal de la Asamblea Ciudadana Portuense, este es “un ejemplo más del mal uso que los gobiernos municipales de PP y CC han hecho del dinero público”. A su juicio, “es injustificable que el Ayuntamiento gastara cientos de miles de euros en servicios jurídicos que podría haber prestado gratuitamente el Cabildo mientras se recortaba drásticamente otros servicios como la recogida de basura y el mantenimiento de jardines, con consecuencias que aún estamos pagando”.