La ACP reclama la adaptación del reglamento de participación ciudadana a la realidad actual

La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) reclama el inicio de un proceso participativo en el Puerto de la Cruz con el fin de adaptar el reglamento municipal de participación ciudadana a las nuevas exigencias legales y a la realidad actual de la ciudad. La formación asamblearia ha registrado una propuesta con este fin que se debatirá en el próximo pleno municipal.

El portavoz de la ACP, David Hernández, recuerda que, según la Ley de los municipios de Canarias, que dedica un título completo a la participación ciudadana y la transparencia, las corporaciones locales debían adaptar sus reglamentos y ordenanzas a las previsiones que en ella se regulan antes del 1 de enero de 2017. Este plazo, recalca, está más que vencido, por lo que urge la puesta en marcha de un proceso en el que el protagonismo recaiga en los vecinos y las vecinas para actualizar el reglamento municipal de participación, que data de 2005.

Hernández señala que, actualmente, la aplicación y ejecución del reglamento depende de la voluntad política de turno, lo que no garantiza que en el Puerto de la Cruz se contemplen procesos participativos en la toma de decisiones. A su juicio, la regularidad de las convocatorias y el alejamiento de las demandas vecinales en cuanto a creación de nuevos órganos sectoriales hacen necesario la redefinición de los objetivos del reglamento y el acercamiento a las nuevas realidades políticas municipales.

Para el portavoz de la Asamblea, hay que solucionar, además, un problema de descoordinación entre los propios órganos de participación, favorecido por la coexistencia de diferentes documentos: reglamento, estatutos de consejos sectoriales y estatutos de consejos territoriales, entre otros.

El también concejal de la ACP defiende que los gobiernos y los centros de poder no deben utilizar únicamente un modelo representativo de toma de decisiones, dado que se corre el riesgo de que las instituciones pensadas para expresar la voluntad general se conviertan en el soporte de intereses particulares. De ahí que su grupo proponga una revisión del reglamento, iniciando un proceso participativo para tal fin en el que se implique al personal técnico y, fundamentalmente, a la propia comunidad. En este sentido, Hernández insiste en la necesidad de que este proceso no se circunscriba a un área municipal concreta, sino que se le imprima un verdadero carácter transversal.