Arcila advierte a la Junta de Gobierno de responsabilidades penales en la adjudicación del servicio de limpieza y basura

Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, registró este viernes un escrito dirigido a la Junta de Gobierno Local, en la que le advierte de que puede incurrir en responsabilidades penales y administrativas si adjudica el servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos en este municipio a la empresa Valoriza Servicios Ambientales S.A.

Posteriormente, en la sesión extraordinaria de la Comisión Informativa de Seguridad, Movilidad, Accesibilidad, Bienestar Comunitario y Servicios Públicos celebrada este mismo día, en la que participó Arcila, junto a concejales de todos los grupos políticos y personal municipal, el jefe del Servicio Técnico de Gestión y Control de los Servicios Públicos planteó que es imposible que Valoriza cumpla su oferta, ya que es “inconseguible”. Igualmente, este funcionario público manifestó que “esta empresa no puede llegar a los niveles de calidad a los que se compromete”, en coherencia con lo que él y otros dos técnicos municipales habían señalado en su informe de 14 de junio de 2018.

Sin embargo, en contra del ese criterio técnico, la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el pasado 21 de septiembre, acordó adjudicar el servicio a Valoriza, decisión que ha sido ratificada y anunciada públicamente en los últimos días, tanto por el concejal de Bienestar Comunitario, Dámaso Arteaga, como por el alcalde, José Manuel Bermúdez, tras la petición de comparecencia realizada por Sí se puede y otros grupos de la oposición para la Comisión de Control que se celebrará el próximo jueves, 11 de octubre.

Ante la gravedad de estos hechos, Arcila pone de manifiesto, en el escrito dirigido a la Junta de Gobierno, que esa decisión “podría suponer una administración desleal del patrimonio público, vinculado al servicio público objeto de licitación y una clara y palmaria contravención de lo previsto en el artículo 152. 4. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, por tanto, se advierte de las responsabilidades penales en que pudieran incurrir los miembros de la Junta de Gobierno Local, además de la responsabilidad patrimonial que deriva de lo establecido en la Disposición adicional decimonovena del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, señala el edil de Sí se puede.

En su escrito, el portavoz ecosocialista argumenta ampliamente que Valoriza oferta un objetivo de calidad del servicio anormal o desproporcionado que no va a poder cumplir y que, basándose en el informe del jefe del Servicio Técnico y de otros dos funcionarios municipales, “la Mesa de Contratación debió excluir a dicha empresa y, por tanto, el órgano de contratación, es decir, la Junta de Gobierno Local, debe actuar en consecuencia”, concluye Arcila.