Sí se puede propone en el pleno la adjudicación urgente de todas las viviendas sociales vacías en Santa Cruz

Sí se puede propone en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la adjudicación urgente de todas las viviendas sociales vacías en el municipio. Con este fin, la concejala del grupo ecosocialista Asun Frías defenderá en la sesión de este viernes, 21 de diciembre, una moción en la que plantea que la corporación pida al Instituto Canario de la Vivienda su implicación en el proceso, para acabar con la injusticia de “gente sin casa y casas públicas sin gente”. La propuesta será defendida también en el turno de participación ciudadana por Desireé Meneses, en nombre de la Plataforma «Luchamos por nuestros derechos» y de la Asociación «Guacimara-La Gallega».

La iniciativa que presenta Frías en el pleno es la reacción de Sí se puede al “despropósito de respuesta” que dio Viviendas Municipales a la petición que el grupo ecosocialista dirigió en julio de este año al alcalde y a la concejala responsable del área municipal para que se le entregara una certificación del Instituto Canario de la Vivienda sobre el número de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de titularidad pública en Santa Cruz.

“Lógicamente, esperábamos que Viviendas Municipales solicitara esta certificación al Instituto. En su lugar, tras cinco meses sin respuesta, el 13 de diciembre recibimos una comunicación que indica que ‘a la vista del contenido, no se puede facilitar la información solicitada ya que la certificación no puede ser emitida por esta entidad’. Llegados a este punto, hemos decidido proponer que sea el pleno quien solicite la información a este organismo”, detalla la concejala.

Así, la moción propone que el Ayuntamiento pida al Instituto Canario de la Vivienda la elaboración de un informe sobre el número de viviendas vacías de titularidad pública autonómica existentes en la capital tinerfeña, en el que se incluyan tanto las que están en condiciones de habitabilidad como las que no disfruten de este requisito. Asimismo, a juicio de Sí se puede, la citada entidad debe hacerse cargo de una inspección urgente y exhaustiva sobre la situación real del parque de viviendas gestionado por la empresa pública de promoción de viviendas protegidas (VISOCAN) en Santa Cruz y dar esa información al pleno.

Finalmente, Frías propondrá que la corporación pida al Instituto que se adjudique por trámite de urgencia y en régimen de alquiler las VPO de titularidad autonómica en condiciones de habitabilidad y la ejecución de las obras y trámites necesarios para que, cuanto antes, todos los pisos de titularidad pública tengan los elementos imprescindibles para su habitabilidad.

Sí se puede ha denunciado en múltiples ocasiones la existencia de decenas de pisos públicos vacíos en el municipio, mientras son miles las personas inscritas como demandantes de vivienda protegida de promoción pública en régimen de alquiler. En concreto, a través de una pregunta del grupo ecosocialista en la Comisión de Control, se supo que, a fecha 10 de julio de 2018, la cantidad ascendía a 2.162 solicitudes.

Estos datos, además de ser inadmisibles en la situación de emergencia habitacional actual, contradice el cumplimiento de la moción a favor del derecho constitucional a la vivienda, aprobada de forma unánime por el pleno el 29 de junio de este año, a propuesta de Sí se puede, PSOE e IUC, una iniciativa que se suma a otras llevadas al pleno por la oposición progresista en la corporación en este año.

Con esta nueva moción, Sí se puede persigue complementar las ya aprobadas, para “contribuir a resolver un problema grave y concreto: la existencia de viviendas construidas en suelo público, con dinero público, con una finalidad social y que, sin embargo, permanecen vacías durante meses y, en muchos casos, durante años en distintos barrios de nuestro municipio”, explica la concejala ecosocialista.

“El Ayuntamiento está obligado a poner todos los medios necesarios a su alcance para lograr que, cuanto antes, las viviendas públicas vacías se ocupen regularmente por las familias que más lo necesitan. Es un deber de la corporación con las miles de familias que no pueden permitirse ni comprar ni alquilar a precios de mercado, para quienes las alternativas ofrecidas por las administraciones públicas están siendo absolutamente insuficientes”, subraya Frías.