Violencias machitas: rayos que no cesan en Canarias. Paqui Rivero

Desde el año 2011, nos enfrentamos cada año a unos dos o tres asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en las islas, una cifra que aumentaría si se considerasen como víctimas de violencia de género a mujeres asesinadas por hombres que no entran dentro de la definición de la actual ley orgánica (por ejemplo, la mujer transexual en Santa Cruz de Tenerife). Obviamente, no podemos dejar de insistir en la gravedad del hecho de que, en lo que va de 2017, en Canarias han sido asesinadas cuatro mujeres (tres en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y una en la provincia de Las Palmas), una cifra que no se producía desde 2010.

Según datos de 2016, en Canarias nos encontramos con un incremento respecto a 2015 de los casos de violencia de género que se hacen visibles ante las instituciones y servicios de atención desplegados en las islas, siguiendo la pauta que también se produce en el conjunto del Estado español: aumento de las llamadas al 1-1-2, del número de víctimas en los juzgados de violencia de género, del número de denuncias (Canarias es la segunda comunidad con mayor índice de denuncias por cada 10.000 habitantes), de las órdenes de protección de las mujeres y menores, de los juicios celebrados y de las sentencias condenatorias. Sobra decir que las personas denunciadas e imputadas por estos delitos han sido mayoritariamente hombres.

El Pacto de Estado pretende dar respuesta a varios puntos débiles que el actual sistema legal mantenía, sobre los que se producían indefensiones de las víctimas. Pero, aun reconociendo otras formas de violencia contra las mujeres (la violencia y agresiones sexuales, el acoso y abuso sexual, la trata y el tráfico de mujeres…), pospone su abordaje para posteriores desarrollos legislativos, mientras que los estudios recientes (más allá incluso de los casos de los que los medios de comunicación se hacen eco) reconocen también un preocupante incremento de las agresiones y la violencia fuera de las parejas o exparejas, formas de violencia machista no reguladas en la ley de 2004.

Las imprescindibles tareas de prevención (…) quedan relegadas a un voluntarismo que no corresponde a un problema de orden estructural como lo es la violencia machista. Y sin prevención, la violencia machista tiene garantizado, indefectiblemente, mucho futuro

Tristemente, tienen que suceder casos como el que en estos días estamos viviendo: el espeluznante caso de la manada, para constatar las asignaturas pendientes, tanto al comprobar el machismo recalcitrante que todavía orienta las acciones de muchos hombres como al comprobar que las mujeres agredidas y violadas son convertidas en culpables por un sistema penal en el que aún hay quienes piensan que son las mujeres violadas las que tienen que demostrar que no consintieron la agresión.

Los datos obtenidos por la última macroencuesta de 2015 señalan una incidencia nada despreciable de la violencia física (que han padecido unas 12 de cada 100 mujeres españolas) y sexual (sufrida por el 7,2% de las mujeres). La mayoría de las agresiones físicas han sido realizadas por hombres (58,8%), pero sobre todo las sexuales (97,5%).

En líneas generales, de los datos aportados por el Instituto Canario de Igualdad y los cabildos insulares, responsables de los servicios de prevención, atención y acogida a las víctimas de violencia de género, podemos extraer algunas conclusiones de interés para la reflexión y algunas tendencias en la atención a la violencia de género. La primera de ellas es que las condiciones económicas de las mujeres víctimas de violencia de género son mayoritariamente de gran precariedad, siendo una mayoría desempleadas y sin ingresos propios o con ingresos muy reducidos. Por lo tanto, a la vulnerabilidad derivada del maltrato se une la que deriva de essa precariedad que dificulta su autonomía.

La segunda es que el marco doméstico y la relación afectiva como pareja o expareja caracterizan el tipo de violencia mayoritaria que se atiende en las instituciones, pero no es la única que se produce, existiendo dificultades para que los servicios existentes en este momento tengan capacidad para una intervención singularizada según los tipos de violencia machista que sufren las mujeres. Se constata la necesidad de financiación para poder afrontar el apoyo a las víctimas de agresiones sexuales (prevención, acogida, atención…), de igual manera que para la intervención especializada con las niñas y niños menores víctimas de violencia de género.

En el marco del trabajo institucional, no cabe duda de que además de disponer del máximo posible de información de diverso tipo para poder evaluar el trabajo realizado en la prevención, la acogida y la atención a las víctimas de las diferentes violencias de género es necesario afrontar, desde posiciones dialogadas y consensuadas, la formulación de propuestas de mejora que requieren, sin discusión, reformas en el modelo y la cuantía de la financiación del sistema generado al amparo de la Ley 16/2003, vigente en Canarias.

En particular, se hace cada vez más necesario definir por parte del Gobierno canario un marco de financiación plurianual de los servicios especializados, para que su mantenimiento no dependa cada año de la firma de convenios que ralentizan la transferencia anual a los cabildos para la gestión de las redes insulares de atención a la violencia de género.

A una financiación plurianual debemos añadir la importancia de un incremento sustantivo y permanente de los fondos destinados al sistema integral. Con escasez de fondos, las imprescindibles tareas de prevención, tanto en el sistema educativo como en los distintos ámbitos de la vida social, quedan relegadas a un voluntarismo que no corresponde a un problema de orden estructural como lo es la violencia machista. Y sin prevención, la violencia machista tiene garantizado, indefectiblemente, mucho futuro.

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Paqui Rivero es militante de Sí se puede y consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife puedes seguirla en Twitter: @PaquiRivero1