Sí se puede apuesta por impulsar un modelo de acogida de personas migrantes que impida convertir Canarias en una cárcel

La organización ecosocialista propone trascender el enfoque asistencial hacia un planteamiento transformador que el Gobierno central debe asumir El partido canario inicia con un debate abierto a la ciudadanía la definición de una hoja de ruta para abordar la situación

Sí se puede apuesta por construir “un modelo de acogida de personas migrantes distinto al actual, que impida convertir Canarias en una cárcel y restituya la dignidad mediante el respeto a los derechos humanos como condición básica para la construcción de la convivencia y para ello es imprescindible que el gobierno estatal cambie la orientación de sus políticas en esta materia”. Con esta idea sintetiza Mayca Coello aspectos clave con los que concluyó el acto Canarias ante la acogida de personas migrantes, que la organización ecosocialista convocó este miércoles, 10 de febrero para iniciar un debate informado y complejo abierto a la ciudadanía.

Se trata de partir de una visión integral y transformadora, que supere el asistencialismo y las limitaciones de la intervención humanitaria, guiada por los derechos humanos y que reconozca –con el impulso de las políticas públicas y con el compromiso de una ciudadanía informada–, la voz y el valor de las personas migrantes. Como partido de honda raíz municipalista y que participa en distintos gobiernos municipales de cambio en Tenerife, Sí se puede considera imprescindible que los ayuntamientos se impliquen también en ese cambio de orientación de las políticas, que el gobierno central debe asumir en primer lugar.

Entre las conclusiones de este debate destaca la necesidad de que el gobierno estatal garantice la libre circulación de las personas migrantes y que facilite su salida de las Islas, para la consecución de su objetivo final de reunificación con sus familiares residentes en Europa. Asimismo, las políticas estatales deben articular mecanismos que garanticen el cumplimiento del Convenio Internacional de los Derechos de las Personas Migrantes establecido por Naciones Unidas.

Respecto al papel de los ayuntamientos, a lo largo de la sesión se subrayó la necesidad de acudan a los centros y campamentos donde se está instalando a las personas migrantes, para comprobar el tratamiento que reciben y escucharlas. Las áreas de bienestar social y participación ciudadana de las corporaciones locales deben implicarse en evitar la formación de guetos con políticas que faciliten los empadronamientos y la convivencia. En este sentido, es esencial que mantengan informada a la ciudadanía con datos reales, que frenen la propagación de bulos y rumores, lo que requiere el desarrollo de planes integrales de comunicación.

Los gobiernos municipales y el estatal deben orientarse a facilitar el encuentro y la articulación con redes de solidaridad. En las Islas, además, corresponde la intervención de múltiples actores –también de carácter social, no solo político-institucional, como las universidades–, mientras que es fundamental la articulación de las instituciones en sus distintos niveles territoriales: municipal, insular y autonómico. En este ámbito, se concretó la importancia de reforzar el sistema público de atención jurídica, una medida que corresponde poner en marcha a la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias.

Fotografía del encuentro, que se realizó mediante conexión remota a través de la aplicación Zoom.
Fotografía del encuentro, que se realizó mediante conexión remota a través de la aplicación Zoom.

Por su parte, el papel de la ciudadanía es trascendental: cada persona tiene un papel destacado en evitar la creación y propagación de bulos y en presionar al gobierno estatal para que reconduzca su política. Asimismo, Sí se puede llama a las personas conscientes a denunciar los delitos de odio ante la fiscalía y la organización colectiva para sostener una labor de presión internacional ante el Parlamento Europeo.

La mesa, moderada por Coello, contó con la participación de Iván Forero Robayo, sociólogo, historiador y defensor internacional de Derechos Humanos; Loueila Mint el Mamy, abogada saharaui experta en extranjería y Roberto García Fernández, abogado especializado en asuntos sociales y extranjería. En el encuentro participaron también militantes y cargos electos del partido canario.

 

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