Sí se puede demanda un papel activo de las instituciones en la eliminación de las violencias machistas como requisito para una democratización real

Sí se puede demanda un papel activo de las instituciones en la eliminación de las violencias machistas como requisito para una democratización real de la sociedad. La organización ecosocialista anima a la ciudadanía a participar activamente en las actividades previstas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25N, para continuar expresando el rechazo a los nefastos efectos de las violencias machistas, exigir acciones coherentes a las administraciones públicas y denunciar aquella masculinidad que entiende como su derecho el control de las vidas de las mujeres, basado en un profundo desprecio hacia ellas por el hecho de serlo.

En un momento en el que la lucha de las mujeres por su dignidad y sus derechos se reconoce como un factor clave de una agenda democrática, tras las masivas manifestaciones con motivo del 8 de marzo de este año, “es hora de expresar en las calles de la forma más rotunda el rechazo a la violencia machista, porque las instituciones no están siendo capaces de estar a la altura de las legítimas exigencias expresadas ya por cientos de miles de personas movilizadas, dada la gestión tardía del comienzo de la aplicación y financiación del Pacto de Estado”, asegura la portavoz del Área de Feminismos y políticas LGTBI de Sí se puede, Eva Padilla.

A juicio de la organización ecosocialista, “es indispensable atender todas las formas de violencia contra la mujer, lo que exige el desarrollo inminente de normas específicas que den curso a la atención y protección de las víctimas de todas las formas de la violencia que afectan a las mujeres: la violencia sexual, el tráfico y la trata de mujeres, entre otras”, apunta Padilla, quien hace también hincapié en que las personas menores sufren especialmente todos estos daños.

La portavoz destaca que, en el Estado español, en 2018, “la violencia sexual ha ocupado el centro del debate y de la preocupación de la sociedad respecto de las políticas públicas”. El Pacto de Estado asumió el compromiso de desarrollar regulaciones específicas, “pero no se ha llevado a cabo ninguna iniciativa al respecto”, destaca. El abuso, las agresiones y el acoso sexual por razón de género, orientación e identidad se producen en todos los ámbitos sociales y de manera importante en el ámbito doméstico y familiar, sin embargo, son muy poco visibles en las estadísticas oficiales y, por tanto, ante los ámbitos de la justicia y los servicios especializados en la violencia contra las mujeres.

Por otra parte, se ha evidenciado lo insuficiente que es la actual regulación de la violencia sexual a través del Código Penal y legislaciones genéricas para abordar de modo integral esta problemática, incluso por parte de los servicios especializados. “No existe un marco legal que dé cuerpo a la atención singularizada e integral de las mujeres y menores que están en esta situación”, concluye Padilla.

Por todo ello, Sí se puede se suma al conjunto del movimiento feminista que reivindica el aumento de la financiación, el desarrollo y consolidación del sistema de prevención, la atención y protección de las mujeres y menores víctimas, la ampliación de la intervención sin que tengan que haber presentado una denuncia y que los protocolos prioricen la protección frente a cualquier resquicio de dudas, así como mejorar la coordinación entre las instancias que intervienen en los casos.

Además, es imprescindible el desarrollo de campañas de sensibilización de la sociedad en general y la formación del personal que debe gestionar esta problemática, incluidos jueces y policías, así como el establecimiento de “protocolos de actuación para la detección y prevención de las diversas formas de acoso sexual y sexista en todos los ámbitos de la vida social, política, cultural y económica”, señala. Del mismo modo, “Sí se puede apuesta decididamente por garantizar en el sistema educativo una formación permanente y continuada en valores igualitarios y educación afectivo-sexual, dado que la educación constituye un espacio esencial de sensibilización y prevención”, asegura Padilla.

Desde 2003, 972 mujeres han sido asesinadas en el Estado español. En Canarias, desde 2011, la media se sitúa en dos o tres asesinatos al año, mientras que más de 2.350 mujeres están bajo protección policial en la actualidad en el Archipiélago. Respecto a la violencia sexual, cabe señalar que se estima que las denuncias presentadas se corresponden con el 10% de los hechos. En 2017 en el conjunto del Estado se presentaron 9.537 denuncias por “delitos contra la libertad sexual”, de ellas, 8.018 fueron presentadas por mujeres. Las personas detenidas e investigadas por estos delitos han sido mayoritariamente hombres (95,7%).