Esta expulsión es el último acto de una larga persecución por el Estado español y su policía en contra de un compañero que se ha enfrentado a la represión y el acoso policial. El motivo de fondo es el papel jugado por el compañero en las luchas y movimientos sociales y de solidaridad internacional en su isla de Lanzarote. En la tarde del martes 12 de junio de 2012 la ignominia de su expulsión se llevó a cabo, esposado con cintas de plástico, cubiertas por una toalla, y embarcado en un avión rumbo a su país de origen, sin documentación ni dinero.
Esta decisión ha sido adoptada por el poder político a través de la Delegación del Gobierno del Partido Popular, sin garantías ni supervisión judicial alguna. No se han tenido en cuenta las pruebas documentales y testificales aportadas en contra de las falsas afirmaciones vertidas en los expedientes policiales. El mismo que denuncia, el poder ejecutivo, es el mismo que juzga.
Lo que hace particularmente grave esta expulsión es el uso de una perversa norma legal con fines aún más turbios. En efecto, la modificación de la Ley de extranjería hecha por el anterior gobierno del PSOE introdujo un procedimiento sumarísimo que deja sin amparo la tutela judicial de los derechos políticos de la comunidad inmigrante, al darle absoluta preeminencia a los informes policiales.
En este caso, además hemos visto como, en primer lugar por parte del PSOE se encubre e impide aclarar lo que era el auténtico problema que se dio cuando un funcionario policial, franco de servicio, fotografió a los participantes en un acto de recibimiento a los niños saharauis que llegaban a Lanzarote dentro del programa vacaciones en paz. ¿Actuaba ese policía en una misión al servicio del estado español o formaba parte de la “intensa colaboración” que se mantiene con las fuerzas represivas marroquíes?
El segundo expediente es fabricado contra José Morales y otros seis activistas, que al ser canarios aún no pueden ser expulsados, pero si sancionados, con la finalidad de amedrentar a un potente movimiento social en contra de las injustificables prospecciones petrolíferas de la multinacional REPSOL. Forma parte de la acreditada actitud despótica del actual ministro de industria (calificado como tonto del culo por sus propios compañeros de partido en León) y de una concepción del uso privado del Estado. Se utiliza a la policía para defender e imponer una política que beneficia a una sola empresa privada REPSOL y perjudica a la sociedad canaria, su territorio y su medio ambiente.
Estas acciones contienen un trasfondo político hostil contra José Morales Brum, ciudadano perfectamente integrado desde hace casi una década en nuestra sociedad y padre de una niña canaria que también se está viendo afectada por la actuación sin piedad del Gobierno Español y el silencio cómplice del Gobierno Canario. .
El ensañamiento político es ya claramente innegable cuando el procedimiento de expulsión se acelera al denunciar José Morales Brum la grave intromisión en su honor por parte del Delegado del Gobierno en Canarias que pretende enturbiar las auténticas razones de su expulsión, intentando revivir hechos claramente negados en resoluciones judiciales, con la única finalidad de debilitar el apoyo a José Morales.
Queremos manifestar nuestro apoyo decidió al compañero José Morales, mostrarle nuestra solidaridad y rechazar esta bárbara medida, más propia de los tiempos de la dictadura que de una sociedad democrática.
Recalcamos que no vamos a ceder, ni en palabra ni en obra, en la defensa de los derechos políticos, sociales y laborales de cualquier residente en Canarias. Ni las amenazas, ni la arbitrariedad, nos harán retroceder en nuestra resolución de conseguir una sociedad más justa, solidaria y democrática.
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Canarias, 15 de junio de 2012.
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