La ASAMBLEA SOCIO-SANITARIA de Canarias denuncia el incumplimiento de la Ley de Dependencia.
Así lo hizo también, en distintas
ocasiones, durante la anterior legislatura, la parlamentaria del PSOE,
Doña Paquita Luengo. Lo dramático del caso es que, al final, se quedan
sólo en eso, preguntas que se responden siempre de la misma forma por
parte de la Consejera, política que para más “inri” REPITE EN EL
CARGO, no sabemos si como premio a su labor de obstrucción a la puesta
en marcha de la citada Ley o, como nosotros creemos, porque suspendió
con cero la asignatura y tiene que repetirla a ver si la aprueba.
DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE QUE LA LEY DE DEPENDENCIA EN CANARIAS SE
INCUMPLE DE FORMA REITERADA. La misma no se cumple ni en sus plazos,
ni en cuanto a los requisitos en las Resoluciones. El Gobierno de
Canarias miente de forma irrespetuosa a la ciudadanía cuando afirma
que no son ciertos los informes mensuales, en los que se destaca y
señala a Canarias como una de las Autonomías que está a la cola en el
acatamiento y aplicación de la Ley de Dependencia.
La Comunidad Canaria tiene 10.000 ancianos esperando por una plaza
residencial, las ayudas económicas para cuidados de Dependientes en
casa por un familiar se conceden a cuenta gotas, retrasando de forma
ilegal el proceso de los expedientes, para pagar las ayudas en plazos
de tres o más años. Existen importantes discrepancias a la hora de
conceder ayudas a personas con Discapacidad y todo ello por las
batallas, interconectadas perjudicialmente para la ciudadanía, entre
la Consejería de Bienestar Social y la Seguridad Social, siendo las
víctimas siempre los mismos, es decir, los Dependientes y sus familias.
Desde nuestra Asociación hemos podido constatar estupefactos como en
el Departamento del Edificio Mabel de la Consejería de Bienestar
Social NO SE DA INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS SOBRE SUS DERECHOS DE
RECLAMACIÓN, NI SOBRE LOS PLAZOS PARA LAS MISMAS. Todo ello, claro
está, para evitar que los ciudadanos afectados estén informados de lo
que pueden hacer, si se vulneran sus derechos, actitud que nos parece
de vergüenza que suceda en un organismo público. Además de esto
sabemos que el personal que atiende a los usuarios no son trabajadores
sociales sino administrativos que, por supuesto, sólo pueden cumplir
su función profesional de dar trámite a los papeles sin tener ni idea
del ámbito social y sus peculiaridades.
Desde la ASAMBLEA SOCIO-SANITARIA instamos a Doña Inés Rojas a retomar
el diálogo con el tercer sector, a que reconduzca su política, a que
deje de dar prioridad al COPAGO y se preocupe de solucionar los
problemas. Por otro lado le exigimos que no siga escudándose en la
crisis porque ella y todos los políticos están para dar soluciones,
que las hay, y le decimos que lo único que falta es VOLUNTAD POR PARTE
DEL EJECUTIVO CANARIO para ayudar a su pueblo.
Agradeceríamos la difusión y publicación de nuestra denuncia porque,
básicamente, encontrar soluciones ayudará a muchos ciudadanos canarios
a tener una vida más digna. Ellos viven en precario por la mala
gestión de un gobierno altivo y egoísta que, anteponiendo sus propios
intereses, no quiere atender las necesidades de su gente.
Concepción Pérez Mendoza.
PORTAVOZ DE LA ASAMBLEA SOCIO-SANITARIA.
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