Manifiesto de Sí se puede con motivo del 8 de marzo: ¡¡Ni un paso atrás en los derechos políticos y sociales de las mujeres!!

El gobierno del Partido Popular ha iniciado su andadura anunciando una reforma de la ley de salud sexual y reproductiva que nos va a retrotraer en el ejercicio del derecho a una maternidad libre y a la interrupción voluntaria del embarazo a la situación existente a principios de los años 80 del siglo pasado al pretender sustituir la regulación de plazos vigente por una nueva regulación concentrada previsiblemente en sólo dos supuestos (violación y malformación del feto). Esta reforma no se justifica de ningún modo puesto que los datos publicados por el Ministerio de Sanidad indican que la regulación en plazos para la realización de la IVE vigente desde julio de 2010 no ha supuesto un incremento del número de abortos realizados en el Estado Español ni en las islas, al contrario de lo que de forma tremendamente alarmista plantearon las voces más conservadoras. A ello se une el anuncio de la supresión del suministro de la píldora del día después.

 

Lo único que muestra a las claras esta reforma es que el matrimonio existente entre PP y alta jerarquía católica ha impuesto sus condiciones: seguir controlando e interviniendo en la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas. Frente a ello decimos que toda nueva vida ha de ser verdaderamente deseada, fruto de una decisión libre y ha de contar con garantías y condiciones para ser vivida dignamente. Lucharemos contra una reforma que volverá a poner en peligro la vida de muchas mujeres al abocarlas a la práctica del IVE en la clandestinidad, privatizará previsiblemente una prestación que debe ser pública y nos alejará nuevamente de los países más avanzados de Europa y de la tónica general de regulación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo mediante plazos razonables y no tanto supuestos en los que las mujeres tengan que justificar su decisión de interrumpir un embarazo no deseado.

Asimismo están en juego los derechos civiles de lesbianas, gays y personas bisexuales y transexuales al haber sido recurrida por el PP la legislación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Junto a ello el Partido Popular pretender llevar a cabo una reforma educativa centrada en varios aspectos claves y trascendentes para toda la población joven -como la reducción de la edad de escolaridad obligatoria-, pero también en un ataque a la única asignatura -Educación para la Ciudadanía- en la que han quedado concentrados los contenidos relativos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, educación afectivo-sexual y para la erradicación de la violencia de género. Esto es algo de una enorme gravedad porque significará hacer desaparecer definitivamente del currículo escolar los escasos contenidos en unas materias que se tornan imprescindibles para combatir desde la escuela el sexismo y la violencia hacia las mujeres reinantes entre nuestra sociedad.

La brutal reforma laboral decretada por el gobierno popular -que ahonda de forma alarmante una senda de reformas del mercado de trabajo llevadas a cabo por gobiernos anteriores de distinto signo- supondrá un fuerte golpe los derechos laborales de la clase trabajadora en su conjunto, pero herirá de muerte la ya precaria situación de las mujeres en el empleo. Es una reforma que de manera absolutamente descarada y sesgada solo favorece los intereses de las empresas, ETTs y administración pública como empleadora.

El abaratamiento general del despido y el de las personas ya contratadas (algo que se da por primera vez) provocará la expulsión de muchas personas de las empresas, pero muy probablemente serán muchas mujeres las primeras en caer dado los estereotipos sexistas que funcionan en la mente empresarial sobre la productividad y costes sociales y laborales de las mujeres. Por otra parte, la facilidad que se introduce para la realización de ERES, tanto en las empresas privadas como para el personal laboral de las administraciones públicas, supondrá en la práctica una expulsión de muchas mujeres de todos los ámbitos, pero es especialmente grave para las mujeres en el caso del sector público en el que se da una importante concentración de empleo femenino estable e indefinido hasta ahora salvaguardado frente a la crisis.

Esta reforma abre la puerta a la modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte del empresariado (salario, jornada, turno, movilidad geográfica, realización de funciones de superior categoría,…), lo que podrá generar mayor discriminación salarial y precarizará más aún las condiciones de vida de muchas mujeres, ya las más pobres entre los pobres, al exponerlas a un despido si no pueden por razones familiares y de cuidados de personas dependientes adaptarse a las modificaciones impuestas. Asimismo, esta reforma castigará de manera muy especial a las mujeres al contemplar la posibilidad de que el las faltas al trabajo (9 días en dos meses), sea justificado o no, dé pie a un procedimiento de despido porque a nadie se le esconde que -tal como sigue siendo el reparto de responsabilidades familiares en los hogares y la falta de cobertura pública y empresarial a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral-, son muchas las mujeres, solas o con pareja, que se ven abocadas a ausentarse del trabajo para cubrir estos déficits.

Las personas empleadas a tiempo parcial -forma de empleo mayoritariamente femenino-mediante al realización de horas extras, sin cotización a la seguridad social, podrán alcanzar una jornada a tiempo completo, lo cual ahondará en la sobreexplotación laboral de miles de mujeres, está bien lejos de generar condiciones de empleo digno para estas y las alejará cada vez más de pensiones de jubilación dignas.

La percepción de prestaciones por desempleo, en las que ya las mujeres en términos globales medios han estado siempre por debajo de los hombres en número de beneficiarias y cuantías de las mismas, dada su posición de precariedad y discontinuidad en el mercado de trabajo, a partir de esta reforma se verá amenazada por si no se aceptan tres ofertas de empleo por inadecuadas que puedan resultar dada la experiencia o perfil profesional de la persona o mujer en cuestión. Si índices de pobreza femenina ya están disparados en las condiciones actuales, el riesgo de pérdida de las escasas prestaciones por desempleo, significará que muchas mujeres -que con gran sacrificio las han acumulado en un mercado de trabajo con condiciones muy adversas para ellas- sigan engrosando las bolsas de pobreza de las islas. Y no digamos ya lo que significa que las personas desempleadas realicen una prestación social gratuita en lo que tiene de marca o “estigma” social para estas y por lo que supone en cuanto recorte de oportunidades de acceso al empleo y a un salario para otras personas desempleadas, muchas de las cuales podrían ser también mujeres, teniendo en cuenta los altos índices de desempleo femenino.

La implantación de una nueva modalidad de contrato con bonificaciones y despido durante un año a coste cero, que sólo se podrá realizar a quienes cobren prestación por desempleo, excluirá aún más a las mujeres del mercado de trabajo, enviándolas directamente a engrosar las filas de la exclusión social.

Por otra parte, las personas trabajadoras que se acojan a una reducción de jornada tendrán que aplicarla día a día y no podrán acumular esas horas como hasta ahora, independientemente de las necesidades concretas de conciliación que tenga cada trabajador y trabajadora. La norma introduce también modificaciones en el derecho a la lactancia, que a partir de ahora, sólo podrán ejercer el padre o la madre, pero no ambos, cuando las horas de lactancia se cojan día a día y no se acumulen.

Esta reforma aboca a muchas personas trabajadoras a quedarse sin la protección del convenio colectivo si tras dos años no se alcanza acuerdo entre la representación sindical y las empresas. La autorización a estas para que se puedan descolgar unilateralmente de los convenios colectivos en vigor constituye un grave ataque no sólo a los derechos laborales, sino también a la posibilidad de garantizar que se implanten políticas de igualdad entre hombres y mujeres en las empresas y que se facilite la conciliación entre la vida familiar y laboral. Supone el desmantelamiento de las relaciones laborales como un instrumento fundamental para avanzar en la igualdad.

Por último, esta reforma suprime las bonificaciones para la reincorporación de mujeres tras la maternidad. No debemos olvidar que todo esto se une a la reforma del sistema público de pensiones llevado a cabo el pasado año que tan negativamente afectará a las mujeres y cuyo poder adquisitivo se ha congelado por parte del PP. Tampoco podemos olvidar la suspensión hasta 2013 de la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad que estaba previsto para enero de 2012.

Estamos asistiendo además a una política de ajuste y de contención del déficit público que se traduce en una oleada de fuertes recortes en servicios esenciales para el bienestar social como la salud, educación, servicios sociales en general (menores, personas dependientes, mujeres, drogodependencias, etc.). A nadie se le escapa que el deterioro de los mismos suponen una notable merma en la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, pero en especial en la vida de las mujeres que ven recaer sobre sus espaldas todo aquello que estos servicios recortan (escuelas infantiles, prestaciones sanitarias, atención a la dependencia,…), además de que dado el tipo de inserción laboral de las mujeres, centrada en buena medida en estos sectores, está suponiendo un serio hachazo al empleo de muchas mujeres que se están siendo ya expulsadas del mercado de trabajo.

Junto a ello el Partido Popular ha anunciado también un freno al desarrollo de la ley de autonomía personal y atención a la dependencia, lo que supondrá en la práctica seguir condenando a las mujeres a soportar casi en exclusiva la atención a personas dependientes, máxime en un momento en el que las oportunidades de empleo digno para el conjunto de las personas trabajadoras se recorta a pasos agigantados, pero muy especialmente para las mujeres con la reforma laboral ya mencionada.

Asimismo la supresión en distintos puntos del Estado Español y de Canarias de organismos destinados a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de servicios destinados específicamente a la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad social o víctimas de violencia de género supone un retroceso enorme en políticas públicas que tanto ha costado conquistar.

Por todo esto, este 8 de Marzo sobran las razones para estar en la calle denunciando los tijeratazos en derechos laborales y sociales que con la excusa de la crisis económica se están cebando con la ciudadanía más vulnerable y, muy en particular, con las mujeres.

Desde Alternativa Sí Se Puede por Tenerife hacemos un llamamiento a la movilización de hombres y mujeres, codo con codo, en defensa de nuestros derechos civiles, sociales y laborales y en defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres en nuestra sociedad, sin la cual no podrá haber nunca una auténtica justicia social.

¡¡ NI UN PASO ATRÁS EN LOS DERECHOS POLÍTICOS Y SOCIALES DE LAS MUJERES ¡!

ALTERNATIVA SÍ SE PUEDE POR TENERIFE