Sí se puede considera “evasiva y poco comprometida” la posición del gobierno de Candelaria en el caso del Parque Urbano Punta Larga

 Sí se puede considera “evasiva y poco comprometida” la posición del gobierno de Candelaria en el caso del Parque Urbano Punta Larga, según la expresión empleada por la portavoz de su grupo municipal en la corporación, Mayca Coello, al defender en el pleno celebrado este lunes, 28 de diciembre, la moción de su organización para establecer una hoja de ruta que podría resolver en dos años “uno de los problemas urbanísticos más importantes del municipio”, el de la conclusión de la Urbanización ASU 1-b (UA CO-04) Punta Larga y la construcción del Parque Urbano de Punta Larga que los propietarios deben al municipio desde hace 12 años.

Los calificativos que Coello dedicó en el pleno a la posición fijada por el PSOE, al presentar una enmienda a la moción de Sí se puede, que reducía la propuesta defendida por Coello a un solo párrafo con una resolución ambigua. “La enmienda que presentó el Partido Socialista nos parecía contradictoria e incoherente con el nivel de detalle y de exigencia que habíamos establecido en nuestra moción, por eso votamos en su contra y mantuvimos nuestra iniciativa, que se había modificado después de su paso por la Comisión informativa para resolver algunos asuntos señalados por el secretario municipal”, explica la portavoz.

La iniciativa del PSOE, que se limita a indicar que la corporación continúe con los trámites iniciados para garantizar la ejecución del Parque Urbano de Punta Larga y concluir la urbanización, “nos pareció una enmienda evasiva y poco comprometida, que no cierra nada y lo deja todo abierto”, subraya Coello. Por este motivo, Sí se puede mantuvo su moción para su consideración por parte del pleno, donde finalmente no fue aprobada.

La moción de Sí se puede, además de adaptarse a lo requerido por el secretario municipal, se apoyaba casi al cien por cien en los informes jurídicos encargados por el Ayuntamiento sobre este asunto. “Si el Ayuntamiento tiene tres informes jurídicos elaborados por expertos en Derecho urbanístico de Canarias que establecen la necesidad de una hoja de ruta para alcanzar resolver este asunto, nos parecía lógico y razonable apoyar esa hoja de ruta. Sin embargo, no fue así”, detalla Coello.

La iniciativa contemplaba cuatro acuerdos. Se trataba, en primer lugar, de establecer una hoja de ruta concreta para impulsar la ejecución de las obras por los trámites ordinarios a través de la Junta de Compensación, una actuación que contaría con cuatro fases bien definidas, en las que se priorizaba la dedicación de tiempo y recursos municipales y las exigencias a la Junta de Compensación con el fin de garantizar un sistema de equidistribución y exigir el inicio de las obras pendientes de ejecución para culminar la urbanización en el plazo de dos años.

El resto de los acuerdos propuestos planteaban abrir expediente informativo sobre la actuación de los servicios municipales, que no facilitaron información solicitada por los juristas externos; cambiar el sistema de ejecución privada por uno público de ejecución forzosa en el caso de que la Junta de Compensación no cumpliera con su deber en los plazos señalados e iniciar las acciones jurídicas pertinentes para reclamar una indemnización a quienes adquirieron ilegalmente y se lucraron de las fincas que eran propiedad del Ayuntamiento en la ASU 1-B Punta Larga.

“Nos parecía lógico recibir el apoyo a estas propuestas, pero también es cierto que no nos ha sorprendido no recibirlo. Teníamos previsto que el gobierno municipal rechazaría nuestra propuesta, para seguir su tónica habitual en este asunto. Hay que tener en cuenta que, en todo este tiempo, lo único que se ha hecho por parte del Ayuntamiento lo ha empujado Sí se puede; si no hubiera sido porque se ha empujado desde Sí se puede, probablemente no se habría hecho nada”, apunta la concejala.

Coello precisa, no obstante, que, en los tres años transcurridos desde la aprobación de su moción sobre el caso en 2017, “solo se han hecho tres acciones” y las detalla: la elaboración del tercer informe jurídico solicitado, un acuerdo plenario para sustituir a los representantes municipales en la Junta de Compensación y el envío de un escrito al Registro de la Propiedad para comprobar quiénes son los actuales propietarios, pero el registro de la propiedad hace dos meses, que no ha respondido y el ayuntamiento ni siquiera ha reiterado su petición de información.

“Ante esta pasividad, no podemos tener confianza en que el Ayuntamiento actúe con contundencia en uno de los principales problemas urbanísticos de Candelaria y que, además, según los propios informes municipales, entraña numerosas presuntas irregularidades de altísima gravedad”, concluye la portavoz de Sí se puede.