Sí se puede lamenta el daño que la mala gestión de la alcaldesa de Güímar causa a empresas locales y a empleados públicos

Sí se puede lamenta el daño que la mala gestión de la alcaldesa de Güímar causa a empresas locales y a empleados públicos que se verán citados como testigos en la investigación que la Fiscalía Anticorrupción ha planteado al juzgado de instrucción de Güímar en relación a la información trasladada a la fiscalía por Sí se puede y el PSOE por las graves irregularidades que se vienen cometiendo en los últimos años en el Ayuntamiento de Güímar.

La organización ecosocialista considera que las graves irregularidades del gobierno de Carmen Luisa Castro suponen un perjuicio serio para el municipio y puntualiza que el largo listado de testigos representantes de empresas, trabajadores autónomos y funcionarios que han sido citados a declarar por la fiscalía, lo son en calidad de testigos de los hechos que se investigan, que apuntan a irregularidades de integrantes del gobierno municipal de Güímar.

De esta manera, cabe precisar que las empresas citadas no están investigadas en estos momentos, sino los encargos que les hizo el Ayuntamiento bajo los mandatos de Castro. Detallar esta situación es oportuno, dada la cantidad de falsedades e imprecisiones que está difundiendo la alcaldía en una inoportuna y poco democrática utilización de la página web municipal.

Tras analizar la documentación, el fiscal decidió investigar “posibles infracciones en materia contractual”, tras constatar “la existencia de múltiples vulneraciones a la legislación en materia de contratación” y señala como posibles infractores a la alcaldesa, Carmen Luisa Castro (PP), y los concejales Verónica Isabel Jorge Mesa (CC) y Sixto Carlos Alfonso Martín (Alternativa por Güímar), sin perjuicio de que la investigación pueda apuntar a otras personas.

El fiscal asegura que “se desprende una práctica, al parecer generalizada, de elusión, en materia de obras públicas, de los procedimientos de licitación aplicables mediante la vía del fraccionamiento de las diversas prestaciones necesarias”, además de constatar “la existencia de diversos supuestos en los que se concierta y practica la obra sin informes previos de otras instituciones públicas”. Señala también, en materia de personal, gratificaciones no justificadas a miembros personal municipal o intervención no explicada en algunas nóminas.

El proceso puede convertirse en uno de los más profusos en testigos de Tenerife, ya que el fiscal ha pedido la declaración de los políticos citados, además de personal funcionario actual y pasado de distintas áreas de la corporación y más de 50 empresas y profesionales diversos con los que el Ayuntamiento contrató servicios con el Ayuntamiento en el periodo investigado.

En este sentido, Sí se puede expresa su profundo malestar con la forma de gobierno de la alcaldesa, que “no solo compromete las arcas municipales y el presente y futuro de la ciudadanía de Güímar, sino que, además, ha arriesgado la carrera profesional de los funcionarios y personal de la corporación, con unas prácticas que han merecido la atención del fiscal y que, previamente, habían causado hondo disgusto a gran parte del personal trabaja para el Ayuntamiento”.

La información que Sí se puede y PSOE presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2015 señalaba diversas situaciones: la utilización de contrato menor por importe que excede de los límites cuantitativos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Servicios Públicos –TRLCSP, la prestación de servicios que no se ajustan a las condiciones del contrato, la prestación de servicios no ajustados al procedimiento de licitación o la ausencia de informe sectorial preceptivo, que afectan a las obras de mantenimiento y adecuación de la casa consistorial, a las  obras realizadas en la zona conocida como “El Nido y a obras ejecutadas en el Conjunto Histórico de Güímar (BIC).

Igualmente, ambas organizaciones apuntaban estos otros hechos en materia de contratación de personal y servicios: inobservancia de requisitos formales y preceptivos en los expedientes de contratación, contratación de personal eventual incumpliendo la DT Décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local e insuficiente justificación del servicio contratado.

Se incluye también la ejecución de trabajos en terrenos de titularidad privada, facturación del servicio de abastecimiento de agua potable al Ayuntamiento por la empresa concesionaria FCC Aqualia SA de inmuebles de titularidad no municipal, facturación por proveedores que no acreditan la capacidad de contratar e irregularidades en materia de subvención.