La Laguna trabaja en un programa municipal de rehabilitación y conservación de viviendas para familias sin recursos

Bienestar Social inicia la redacción de una Ordenanza municipal de ayudas directas para garantizar la habitabilidad y seguridad de los hogares en situación de riesgo o exclusión social  

El Área de Bienestar Social de La Laguna ha iniciado el procedimiento para poner en marcha el primer programa municipal de rehabilitación de viviendas por causas sociales, una iniciativa que se desarrollará conjuntamente entre los servicios sociales y Muvisa y que incluirá una línea de ayudas directas para familias sin recursos económicos, así como una regulación específica dirigida a “facilitar y agilizar todas las obras necesarias para   garantizar las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad de los hogares de los vecinos y vecinas en riesgo o situación de exclusión social”. Con esta iniciativa se incrementan las vías de intervención en este tipo de problemáticas, sumando estas acciones a las que se realizan en la actualidad con ayuda de los programas del Cabildo.

Así lo explica el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, quien ya ha iniciado el expediente para la primera “Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones para la conservación y rehabilitación de viviendas del municipio”, una norma que será un instrumento que facilitará este tipo de labores, que suponen una mejora importante de las condiciones de vida de los vecinos y vecinas con mayor vulnerabilidad socioeconómica”, señala Ascanio. Así, el Área abrirá próximamente un periodo de consulta pública, en el portal web del Ayuntamiento, para recabar las necesidades y sugerencias de la población con la idea de lograr un documento “actualizado y ágil”.

“Esta línea de ayudas directas a fondo perdido nos permitirá contar con más mecanismos para apoyar a las familias vulnerables para que puedan afrontar las obras de mantenimiento que garanticen las condiciones adecuadas de habitabilidad, estanqueidad o accesibilidad de su vivienda habitual, una contribución que queremos que pueda ser complementaria con las ayudas de otras instituciones y organismos, y que serían ejecutadas por la empresa municipal Muvisa, para agilizar los trámites de licencias, gestiones y actuaciones”, explica Rubens Ascanio.

Dichas ayudas estarán sujetas a concurrencia competitiva, con el límite presupuestario que se establezca para cada convocatoria. No obstante, se ha considerado la necesidad de disponer de un fondo permanente para atender, de forma directa, situaciones de emergencia social de escasa cuantía, las cuales se concederían conforme a los informes sociales que así lo determinen y siguiendo los requisitos establecidos en la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Sociales Municipales.

Ascanio explica que estas ayudas serán complementarias con otras líneas sociales municipales puestas en marcha para atender las situaciones graves, prestaciones temporales centradas en ayudar a las familias para que conserven su vivienda, cubran sus necesidades básicas y tengan a su disposición todos los recursos y herramientas para ayudarles a salir de esta situación y que recuperen su autonomía.

De hecho, Bienestar Social destina este año 2 millones de euros a más de 20 líneas de Prestaciones Económicas Municipales (PEM) diferentes para atender situaciones de emergencia o de fuerza mayor que pueden alterar la estabilidad socioeconómica de las unidades familiares, ayudas directas para familias y personas sin recursos suficientes, que incluyen la cobertura de las necesidades básicas, alimenticias o médicas, aquellas vinculadas a la discapacidad, infancia y mayores, o las derivadas de contingencias extraordinarias.

Las PEM se clasifican en Básicas, destinadas a cubrir las  necesidades en alimentación e higiene; Vivienda, para los gastos de alquiler, amortización de hipoteca, suministros básicos (agua, luz), alojamiento alternativo, eliminación de barreras arquitectónicas o adquisición de enseres básicos; Sociosanitarias, para prótesis oculares, auditivas o dentales, tratamientos odontológicos, prótesis, ortesis y gastos farmacéuticos; Inserción social, para escuelas infantiles no públicas y prestaciones ocupacionales, así como otras prestaciones valoradas por las Unidades de Trabajo Social.

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