Unidas se puede destaca la importancia de los tres delitos inicialmente señalados por la Fiscalía en el caso grúas

Rubens Ascanio, candidato de Unidas se puede en La Laguna y uno de los denunciantes del caso grúas, considera muy importantes “los tres delitos que inicialmente han sido señalados en el escrito de la responsable de la Fiscalía Anticorrupción relativos a este caso que afecta al presidente canario y al alcalde de La Laguna”.

“Tener un presidente y un alcalde señalados como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias en los escritos de la Audiencia Provincial y de la Fiscalía Anticorrupción es sencillamente escandaloso, que se les mantenga como candidatos demuestra el nivel ético de Coalición Canaria”, manifiesta.

En el escrito de la Fiscalía Anticorrupción el concejal del principal grupo de la oposición ve una “ratificación a los escritos aportados por la parte denunciante, en los que hemos detallado los incumplimientos muy graves o gravísimos del pliego de condiciones, tanto desde el punto de vista técnico como laboral, así como la existencia de procesos en los que los propios funcionarios no fueron escuchados o no pudieron informar, como en el proceso de compraventa de 2011 y en la entrega de un préstamo de 120.000 euros”. Una vez más destacan que en este proceso no se realizó actuación alguna en orden a la exigencia del cumplimiento del pliego de condiciones o la incoación de expedientes penalizadores a la concesionaria, al contrario, los expedientes administrativos mantenían hasta 2014 que “la prestación de los servicios se está llevando a cabo de conformidad con las prescripciones que se contienen en el pliego de cláusulas administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas”.

Las personas vinculadas al caso grúas no sólo incumplieron el deber legal de inspección y control del servicio, a la luz de la documentación analizada, sino que, en unos casos “ocultaron estos incumplimientos, y en otros casos lo negaron para posibilitar que la empresa concesionaria continuara prestando el servicio a través de la prórroga del contrato administrativo, a pesar de conocer la situación económica financiera de la empresa, sabiendo que se había prestado un servicio que contravenía la normativa de ordenación del transporte terrestre e incumpliendo los derechos laborales básicos de los trabajadores”. Es sintomático, asegura, “la voluntad de la Junta de Gobierno local de ese momento de no tomar conocimiento de los informes de conclusiones y estado de la deuda por parte de los interventores del servicio, al menos los informes de ocho de abril y veinticuatro de abril de 2014, que indican cómo el criterio político se impuso al técnico en este caso”.

Ascanio considera que las declaraciones que vienen reclamando desde abril de 2018, vinculadas a José Padilla, propietario original de la empresa, y a los trabajadores que notificaron más de una treintena de denuncias sobre las ilegalidades que se estaban cometiendo en el servicio, sin que se acometiera el más mínimo expediente al respecto, “serán claves en este proceso”.

El grupo denunciante cree que este proceso “no tiene marcha atrás”, especialmente en el momento en el que, “sin justificación se optó por mantener el servicio a una empresa que claramente había incumplido con buena parte de lo establecido en el pliego de condiciones y debía haber sido apartada del servicio”. Ascanio asegura que en casos similares “el Ayuntamiento no ha tenido problema en retirar un servicio público a la concesionaria que no cumple, en este caso se tuvo en cuenta los vínculos personales o políticos por encima del interés general”.

El nuevo escrito de la Fiscalía es para Rubens Ascanio un elemento “demoledor, que pone en cuestión la gestión realizada y a sus responsables, me parece una temeridad que Coalición Canaria no tome cartas en el asunto con la suma de datos aportados en los escritos judiciales sobre sus candidatos”. Además manifiesta que el recorrido del recurso ante el Supremo de la defensa de Clavijo es en opinión de los juristas consultados por la formación lagunera “un paso más en una carrera jurídicamente alocada para mantener un privilegio de aforamiento cuando no toca, una carrera que seguramente acabe desestimando ese escrito, como los anteriores”.