El gobierno de Puerto de la Cruz declara la ruina inminente del edificio Iders y ordena su desalojo

El gobierno municipal de Puerto de la Cruz declara la ruina inminente del edificio Iders y ordena su desalojo. La decisión, basada en informes técnicos y jurídicos, fue comunicada este martes, 21 de junio, a los propietarios del inmuebe, afectado por una situación que dura ya más de 30 años.

Las personas afectadas fueron informadas también sobre que el Ayuntamiento está habilitado para la ejecución forzosa de las actuaciones ordenadas en el caso de que los propietarios -después de ser notificados- no asuman el tapiado, limpieza y proyecto para la posterior demolición del edificio.

La decisión será notificada a las partes tras la convocatoria de una nueva reunión técnica dentro de dos semanas, en la que se podrán trasladar las dudas y cuestiones técnicas que algunos propietarios puedan tener con respecto a esta declaración de ruina inminente. Con esta declaración se insta a los propietarios a limpiar y a tapiar un edificio tras el desalojo de las 9 personas que aún ocupan de forma ilegal el inmueble, desalojo que se producirá en las próximas horas.

“Esta declaración supone un antes y un después para ofrecer una solución integral no solo a los propietarios sino también a los vecinos de los edificios colindantes y a la propia imagen de la ciudad, que se ha visto muy afectada en el último cuarto de siglo, y va a contar con todos los recursos municipales que sean necesarios, porque ya contamos con todos los informes que consolidan con todas las garantías jurídicas el compromiso de la administración para afrontar esta situación tan enquistada”, explica el alcalde Marco González.

En el encuentro con los propietarios, el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, detalló todo el proceso seguido por parte del área municipal de la que es responsable para decretar esta ruina inminente, que es la solución propuesta. La decisión incluye “la limpieza y el vallado por parte de los propietarios después de ser notificados, tras lo que se instará a la presentación del proyecto técnico para su posterior demolición, además del desalojo que llevará a cabo la policía y el que cual ya ha sido informado a las personas que ocupan el edificio”.

Tras esa reunión técnica y previamente notificados, si los propietarios no ejecutan las actuaciones que se desprenden de esta declaración de ruina inminente en los correspondientes plazos que marca la ley, el Ayuntamiento estará habilitado de forma subsidiaria al desarrollo de estas acciones, repercutiendo con posterioridad el coste de todas las actuaciones a los propietarios, tal y como marca la normativa vigente.

Esta hoja de ruta con los plazos marcados por la ley, es la culminación de todo un proceso en el que ha intervenido el área técnica municipal de Ciudad Sostenible, para alumbrar una solución que da las máximas garantías legales, una solución comprometida en la búsqueda de unas medidas que den respuesta a un problema que se ha venido dando desde que en 1991, se decretara el desalojo del edificio por aluminosis y tras años de vicisitudes jurídicas que han complicado hasta el extremo una controversia, que tiene por fin una respuesta respaldada por todos los informes técnicos y jurídicos necesarios.