Arcila denuncia el incumplimiento de la moción sobre vivienda aprobada en junio

Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denuncia el incumplimiento de la moción sobre vivienda aprobada por el pleno en junio de 2018 por iniciativa de los grupos municipales de Sí se puede, PSOE e IUC, en la que se proponía la ampliación del protocolo antidesahucios.

Arcila pide a la concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, que detalle en la Comisión de Control qué ha hecho nueve meses después de haberse adoptado un acuerdo unánime en el que se decidió ampliar el contenido del protocolo antidesahucios de 2012, en el sentido de que se incluyan también los desahucios en viviendas okupadas.

“Santa Cruz vive una situación de emergencia en relación a la vivienda mientras, en paralelo, hay miles de casas vacías que deberían estar al servicio de la población que ha sido desalojada de sus lugares de residencia por la precarización de las condiciones de vida generalizada a partir de la crisis; ante esta situación, el Ayuntamiento debe mostrar en hechos concretos su compromiso con la ciudadanía, en la línea de lo aprobado por el pleno y de lo exigido por el Diputado del Común a las instituciones canarias”, asegura el portavoz de Sí se puede.

El pleno decidió también que el Ayuntamiento desempeñaría un papel más activo ante las entidades bancarias y filiales, para instarlas a tramitar la licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad en las viviendas finalizadas de su propiedad y que la corporación adoptaría medidas legales en el caso de no atenderse este requerimiento.

Por otra parte, el Ayuntamiento tendría que haber instado ya a todos los grupos del Parlamento de Canarias y al gobierno autonómico a revisar la Ley de Viviendas de Canarias con la intención de reducir la exclusión habitacional mediante la regulación de la vivienda deshabitada de titularidad de personas jurídicas, especialmente los bancos y sus empresas filiales.

Además, el Ayuntamiento tendría que haberse dirigido al Ministerio de la Vivienda y al Gobierno de Canarias para instarlos a incrementar las partidas presupuestarias en materia de alquiler social y a mejorar la eficacia en la gestión de estas ayudas de conformidad con lo reclamado por el Diputado del Común en sus diversos informes anuales.