Arcila recuperará la gestión pública de Emmasa

La remunicipalización del servicio integral del agua es un objetivo fundamental de Sí se puede para evitar sobrecostes y daños ambientales

Sí se puede recuperará la gestión pública de Emmasa para remunicipalizar el servicio público encargado del ciclo integral del agua. “Esta medida es la única que puede garantizar la reducción del coste que significa la prestación de este servicio para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de ser la única fórmula para garantizar el acceso universal al agua por parte de toda la ciudadanía, así como para el estricto cumplimiento de la normativa ambiental en materia de depuración y, también, la actuación que permite cumplir la ley en materia laboral con el conjunto de trabajadores de la empresa”, asegura Pedro Fernández Arcila, candidato a la alcaldía de la capital tinerfeña.

La recuperación de Emmasa para el Ayuntamiento es la prioridad de Sí se puede dentro de su plan para recobrar la gestión pública de los servicios esenciales y para garantizar el acceso universal a ellos. A juicio de la organización ecosocialista, la gestión del ciclo integral del agua es uno de los principales problemas del Ayuntamiento y del municipio desde que la empresa dejó de ser propiedad municipal y pasó a ser mixta al adjudicarse su gestión a la multinacional Sacyr-Vallehermoso, en 2005 en el último mandato de Miguel Zerolo.

Pedro Fernández Arcila, en la zona de los vertidos de La Hondura.

Sí se puede considera que el principal problema que causa la actual gestión de Emmasa al municipio es el daño ecológico que provoca el vertido de 20.000 metros cúbicos de agua sin depurar al día, lo que ha venido ocurriendo en los últimos ocho años y constituye “el mayor atentado ambiental de Canarias, que se da con el beneplácito de Bermúdez”, subraya Arcila.

El objetivo de la organización ecosocialista es acabar con esta situación, que se manifiesta en múltiples puntos de la costa chicharrera, entre los que el candidato ecosocialista destaca los procedentes de la estación de bombeo (EBAR) de Cabo Llanos, los que se efectúan en San Andrés, Igueste, Santa María del Mar y Los Alisios, las conducciones de desagüe de Acorán y Añaza y varios aliviaderos en distintas zonas. En la mayoría de estos puntos, las concentraciones de sustancias contaminantes son superiores a los valores establecidos como objetivos de calidad, con grave amenaza a la salud pública y a los sistemas naturales del medio marino, tal como el propio Cabildo de Tenerife y los servicios técnicos municipales han tenido que reconocer ante la UE.

Los sobrecostes del servicio son consecuencia de un comportamiento generalizado por parte de Sacyr-Vallehermoso, que incumple criterios básicos establecidos en el pliego de adjudicación del servicio. Es el caso especialmente del incumplimiento de la prohibición de subcontrataciones para la ejecución de labores que previstas en el convenio como responsabilidad de la multinacional.

Precisamente, la subcontratación de estos servicios a empresas de su mismo grupo empresarial ha causado desde 2006 hasta 2015 daños patrimoniales al Ayuntamiento por valor de cinco millones de euros tras contratar presuntamente de forma irregular servicios por casi 17 millones de euros, según revela un peritaje judicial encargado por el tribunal que estudia la denuncia interpuesta por Sí se puede por este motivo.

Por otro lado, “el incumplimiento de la obligación de Sacyr de invertir 45 millones a fondo perdido y la no ejecución de 10 millones del fondo de grandes reparaciones expresan de manera clara el claro incumplimiento de Sacyr y justifican de manera sobrada la resolución del contrato”, concluye Arcila.

 

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