Sí se puede e Izquierda Unida Canaria proponen al Ayuntamiento de Santa Cruz que sea punta de lanza para la implantación de la ecotasa en Canarias

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) proponen al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que sea punta de lanza para la implantación de la ecotasa en Canarias, según la moción que presentan en el pleno que celebrará la corporación el próximo 9 de abril. La moción plantea que el Ayuntamiento capitalino inste al Parlamento de Canarias a que el debate sobre la ecotasa desemboque en la elaboración de una ley destinada a mejorar la actividad turística y la preservación del medio ambiente.

Ambas organizaciones conciben esta tasa como un impuesto para un turismo sostenible que debe dirigirse a reorientar el modelo turístico para mejorar el destino, garantizar la competitividad, la calidad y la sostenibilidad de esta actividad económica. A su juicio, cabildos y ayuntamientos deben ser tenidos en cuenta en la elaboración de las medidas legislativas, ya que “deberían jugar un papel clave, tanto en su tramitación como a la hora de ser las instituciones que deban ejecutar la mayor parte de la recaudación”, según figura en el texto de la moción, que defenderán en la sesión plenaria los concejales Eligio Hernández Bolaños (Sí se puede) y Ramón Trujillo (IUC).

Santa Cruz, a pesar de no ser oficialmente una zona turística de Tenerife, ha visto incrementado sustancialmente su número de pernoctaciones –más de 300.000 en 2017–, además de recibir un número importante de visitantes por la vía de los cruceros –121.628 cruceristas en 2017 según datos de la Autoridad Portuaria–, por lo que se trata de un municipio con mucho que aportar en la elaboración de la norma que regule el impuesto, y, también, de lo que beneficiarse con la implantación de una ecotasa.

La iniciativa parte del reconocimiento de los “desajustes y serias afecciones sociales y ambientales” asociados a la actividad turística, junto a los beneficios que rinde. Canarias ha experimentado ambas situaciones desde el boom turístico continuado desde de los 80 del siglo pasado: junto al importante salto económico se dio “también un serio impacto en la forma de vida de la población autóctona y en general en el medio ambiente, con el incremento de la presión sobre el territorio”, afirman Hernández y Trujillo en la moción.

Igualmente, se reconoce “el papel clave de los municipios en el desarrollo del sector, como nadie niega que los ayuntamientos tienen que soportar gastos y responsabilidades que afectan a su economía y por tanto a la posibilidad de atender las necesidades globales de la población residente”. Por ello, Catalunya en 2012 y Baleares en 2016 han sido pioneras en el Estado español en gravar la actividad turística con una imposición finalista destinada a lograr las necesidades financieras que garanticen la calidad y la sostenibilidad de la actividad turística.

Sí se puede e IUC coinciden en señalar como una obligación de las administraciones públicas garantizar una organización social más respetuosa con el medio ambiente y una redistribución de la riqueza mediante las políticas  ambientales y fiscales, que son “potentes instrumentos para afrontar el impacto del turismo en zonas de alta concentración turística o en territorios frágiles, como es el caso de nuestras islas, mediatizadas por su condición insular y por su origen volcánico, lo que determina una capacidad de carga que se debería tener en cuenta”.