Sí se puede pide al gobierno de Bermúdez que aclare su posición ante la vivienda vacacional

Sí se puede pide al gobierno del alcalde José Manuel Bermúdez en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que aclare cuál es su posición ante la vivienda vacacional. Con este objetivo, el portavoz del grupo municipal ecosocialista, Pedro Fernández Arcila, dirige una pregunta al concejal de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio, Alfonso Cabello Mesa, para que explique la posición del gobierno de CC-PP ante este fenómeno en la Comisión de Control que se celebra este jueves, 10 de mayo.

Arcila destaca que el propio Cabello ha reconocido este miércoles ante los medios de comunicación que la capital tinerfeña experimenta desde hace un tiempo dos situaciones que suelen ir asociadas: el incremento de la oferta de vivienda vacacional y el aumento de los precios de los alquileres ordinarios.

“Parece necesario, como ejercicio de transparencia en un asunto de tanta trascendencia en nuestro municipio, que, al menos, se conozca el diagnóstico que ofrezcan los estudios previos que permitan orientar la acción política, así como las líneas básicas sobre las que el equipo de gobierno considere que debe contener la futura regulación de esta actividad en Santa Cruz”, explica el portavoz de Sí se puede.

Arcila destaca que la ordenanza reguladora que anunció el alcalde capitalino en marzo pasado va más allá del acuerdo plenario impulsado por una moción de Izquierda Unida en diciembre de 2017, aprobada por unanimidad después de introducir algunas enmiendas.

Por estos motivos, pide a Cabello que explique en la Comisión de Control cómo va el trámite de la promesa del alcalde de regular esta actividad mediante una ordenanza municipal y le pide los documentos o informes previos con los que cuenta el equipo de gobierno que le permita analizar las repercusiones de esta actividad.

Entre estos efectos, el concejal de Sí se puede destaca “la hipotética repercusión en el arrendamiento ordinario o en la compraventa de inmuebles”. En su pregunta, Arcila pide también detalles sobre la determinación de zonas donde podrá desarrollarse la actividad, los coeficientes de densidad, la calidad turística, la vinculación con proyectos de rehabilitación de inmuebles protegidos y otras circunstancias que deben estudiarse antes de dar paso a la regulación.

El pleno acordó a finales de 2017 realizar conjuntamente con el Gobierno de Canarias un análisis pormenorizado de la vivienda vacacional en el ámbito urbano de las capitales canarias, que abarque, entre otros elementos, el impacto socioeconómico y las posibilidades de regulación. Igualmente, se decidió pedir al ejecutivo autonómico la participación activa de las corporaciones locales en el decreto que regule la vivienda vacacional, además de instarlo a negociar mejoras en las condiciones laborales de quienes trabajan en establecimientos reglados. La decisión de impulsar una ordenanza municipal y la consiguiente creación de un grupo de trabajo permanente entre las áreas de Urbanismo y de la Sociedad de Desarrollo con este fin fue posterior al acuerdo.