Sí se puede reclama el cumplimiento del acuerdo unánime a favor del derecho constitucional a la vivienda

 

 

 

Sí se puede reclama el cumplimiento del acuerdo a favor del derecho constitucional a la vivienda, tal como fue aprobado de forma unánime por el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en junio pasado, a propuesta de los grupos de PSOE, Sí se puede e IUC en la corporación.

La concejala ecosocialista Asun Frías cita en la Comisión de Control a la concejala del área, Carmen Delia Alberto Gómez, para que el próximo 11 de octubre explique en qué medida el gobierno de CC-PP en Santa Cruz está aplicando los acuerdos adoptados.

“La insuficiencia de un parque público de viviendas, tal como ha señalado el Diputado del Común, coincide con la existencia de gran cantidad de viviendas vacías pendientes de ocupación; esto supone una conculcación de un derecho fundamental, protegido por la Constitución y, tras la aprobación de la moción, el Ayuntamiento de Santa Cruz se ha comprometido a buscar algunas soluciones ante esta situación”, indica Frías.

La concejala de Sí se puede recuerda a la responsable municipal de Vivienda que “la moción aprobada hace ya más de tres meses significa, sobre todo, un cambio en el papel que debe desempeñar el Ayuntamiento de Santa Cruz en materia de vivienda, porque supone un aumento del compromiso de la corporación con las necesidades de la ciudadanía afectada por la carencia de solución habitacional y porque exige del grupo de gobierno la voluntad de disponer de más esfuerzos para llevar a cabo un trabajo muy riguroso, tanto en la identificación de viviendas vacías como en la relación con las entidades bancarias y sus filiales, que son propietarias de la mayoría”.

Por este motivo, y dada la gravedad de la situación en materia de vivienda, Frías exige al gobierno de CC-PP que dé cuentas de los pasos que ya debería haber iniciado para que el Ayuntamiento, de acuerdo con lo aprobado en junio, supere el papel de intermediación ante los desahucios que había desarrollado hasta ahora, una labor que no es suficiente, y despliegue todas las acciones necesarias para poder ofrecer a las personas afectadas una solución concreta y diligente, bajo la fórmula del alquiler social.

En este sentido, la concejala recuerda a Alberto que desde hace tres meses el Ayuntamiento quedó comprometido en ampliar el protocolo antidesahucios de 2012, en la línea de incluir y buscar alternativas para las familias en situación de pobreza, exclusión o alta vulnerabilidad social que están ocupando viviendas ilegalmente. Asimismo, otro de los acuerdos aprobados obliga a la corporación a dirigirse a las entidades bancarias y filiales para que, en las viviendas ya finalizadas de su titularidad, tramiten la licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad. En caso de que no se atienda esta solicitud, el propio Ayuntamiento deberá analizar todas las medidas legales posibles para obtener estos requisitos previos a la ocupación de la vivienda.

Por último, la corporación debe instar a todos los grupos del Parlamento de Canarias y el al Gobierno de Canarias a revisar la Ley de Viviendas autonómica con el fin de reducir la exclusión habitacional que sufre Canarias y de regular la vivienda deshabitada de titularidad de personas jurídicas, especialmente de los bancos y sus empresas filiales. Al tiempo, la corporación solicita al Ministerio de la Vivienda y al gobierno autonómico que incremente las partidas presupuestarias en materia de alquiler social y mejore la eficacia en la gestión de estas ayudas, según lo reclamado por el Diputado del Común en sus diversos informes anuales.