El documento de los conservadores nacionalistas plantea eliminar el requisito legal de los topes de edificabilidad tanto en el suelo urbano como en el suelo urbanizable, pasando lo que era una exigencia legal a meras recomendaciones. Antes, para hacer más habitables los centros urbanos, se establecía que no se podía incrementar la edificabilidad en los lugares donde vivieran más de 400 habitantes o hubiera 12.000 metros cuadrados de edificación residencial o turística por hectárea de superficie y, por el mismo motivo, se establecían límites de edificabilidad sobre el suelo urbanizable. Todas estas garantías, que permitían contar con ciudades más humanas, desaparecen incompresiblemente.
Si finalmente este despropósito se transformara en ley, los planes generales no tendrían capacidad para establecer límites a las alturas que le convinieran a la peor tribu que merodea por nuestra geografía: los especuladores. La voracidad de quienes siempre quisieron transformar El Toscal en un pequeño Manhattan o Tenerife en el Singapur del Atlántico (Mauricio dixit) habrá visto cumplido el mejor de sus sueños. El trabajo desarrollado en los últimos veinte años por técnicos, colegios profesionales, sociedad civil y políticos se tirará por la borda en unas pocas sesiones parlamentarias.
Por estos motivos no debe extrañarnos que estos desvaríos envueltos en proposición de ley hayan sido defendidos por Ignacio González, no sólo porque practica el fuera de ordenación política con una admirable maestría, sino también porque pertenece a aquella estirpe de próceres insulares que son incapaces de distinguir entre los intereses personales y los de la colectividad. Con González se recupera el parlamentarismo de la peor época, que tuvo su mayor expresión en la década de los ochenta, cuando subían diputados a la tribuna del hemiciclo de la calle Teobaldo Power para defender sus propias inversiones, ofreciendo una versión atlántica de las repúblicas bananeras. Ahora González, fuera de sí, aprovecha un problema que ha tenido una enorme trascendencia social para salir en defensa de su entorno más cercano.
En todo este debate no deja de ser llamativa la actitud del grupo socialista, que ha asumido un papel de escolta a este golpe legal al urbanismo. Y sorprende porque ese papel de comparsa, que cumple marcialmente, le ha dejado sin voz en un asunto como la ordenación del territorio, en el que siempre tuvo criterio propio. Ellos podrían hacer lo mismo que se ha hecho en otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, donde han logrado solventar el problema del fuera de ordenación sin que haya sido necesario adentrarse en aventuras como las que nos propone la derecha nacionalista, que, claramente, propone resolver el fuera de ordenación dejando fuera al urbanismo.
* Concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
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