Arcila: “El alcalde nos tendrá de su lado si ordena ya el derribo, y en contra si sigue sin cumplir la sentencia”

 

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dijo hoy que el alcalde, José Manuel Bermúdez, “nos tendrá de su lado si ordena ya el derribo del mamotreto, y en contra si sigue empeñándose en incumplir la sentencia que manda demolerlo”. Esta afirmación responde al anuncio del alcalde de que ha encargado la redacción del proyecto de demolición del edificio ilegal de aparcamientos de Las Teresitas conocido como “mamotreto” después de un tercer informe de los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo en el que se deja claro una vez más que esta es la única opción.

En este sentido, Arcila dijo que “no basta con que el alcalde haya dado instrucciones para redactar el proyecto de demolición: tiene que dar inmediatamente la orden de derribo para que la ciudadanía entienda que por fin ha acatado la sentencia. Si lo hace así, cuenta con nuestro apoyo”. Sin embargo, “a día de hoy la postura del Gobierno local sigue siendo la de no darse del todo por enterado de que no hay otra salida que cerrar este oscuro capítulo de corrupción urbanística”, añadió el concejal.

Apartar a Garcinuño

Además, el edil ecosocialista pidió a Bermúdez que aparte al concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, de todo lo relacionado con el caso mamotreto después de que haya quedado demostrado que le ocultó información al Pleno en relación con el Plan Especial de Las Teresitas, tal y como se refleja en el citado informe jurídico. Concretamente, en la última sesión plenaria, cuando se debatía una moción de Ciudadanos sobre este edificio, Garcinuño no dijo que el pasado 12 de noviembre había aprobado el expediente de contratación y adjudicado el contrato menor de servicios para la elaboración del Programa Económico de Actuaciones del Plan Especial de Las Teresitas. Tampoco dijo que se iba a contratar a un técnico ambientalista para la documentación sobre este ámbito dentro del Plan Especial. Tampoco se deben olvidar sus polémicas palabras en las que manifestó públicamente su “amor” al mamotreto.

Arcila recuerda la importancia que el citado Plan Especial tenía dentro de los movimientos del grupo de gobierno para evitar el derribo del mamotreto. Sin embargo, el informe jurídico de Urbanismo –firmado el pasado día 10 y dado a conocer ayer– dice literalmente que “el Plan Especial de Ordenación del frente de la playa de Las Teresitas no es instrumento ni constituye norma para legalizar las obras acometidas y declaradas judicialmente ilegales”. Este argumento –el de la legalización del mamotreto por la vía del Plan Especial– “es el último al que se aferraban CC y PP para detener el derribo, pero ya no les vale”, añadió Arcila.

El portavoz de los ecosocialistas felicitó a los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo por su imparcialidad y contundencia a la hora de elevar este tercer informe, en el que mantienen su postura contundente en relación con la obligación de derribar totalmente el edificio pese a la insistencia del alcalde en recurrir a nuevos informes “por si sonaba la flauta”, ironizó el concejal. Este informe advierte una vez más que, en caso de no acatar la sentencia, los gobernantes de Santa Cruz incurrirán en un delito de prevaricación urbanística.

El edil también felicitó a toda la ciudadanía por lo que, en virtud de este nuevo informe de Urbanismo, debería ser el colofón a un importante episodio de la lucha contra la corrupción, que ha tenido su principal reflejo en la Plataforma por el Derribo el Mamotreto y contra la Corrupción. Este colectivo ha tenido en todo momento el apoyo de la organización ecosocialista, tanto en el asesoramiento jurídico como en la participación en actos de protesta como el celebrado el pasado mes de enero.

Frente a una minoría que sostiene que el derribo del mamotreto supone un despilfarro de dinero público destinado a la ciudadanía, Arcila recordó hoy que “la corrupción consiste precisamente en actos como este: destinar dinero público a obras ilegales para beneficio de unos pocos a través de favores políticos. Si se ha perdido dinero por culpa de estas maquinaciones, serán los responsables de tales acciones quienes deberán devolver ese dinero a Santa Cruz”, concluyó.