Sí se puede entregará al Ayuntamiento un catálogo con todas las placas, insignias y menciones franquistas de la ciudad que deben ser retiradas

Sí se puede está elaborando un catálogo en el que se incluirán todos los nombres, placas, insignias, objetos y menciones conmemorativas del golpe de Estado de 1936, de la guerra civil y de la dictadura franquista que aún permanecen en las calles del municipio de Santa Cruz de Tenerife. En dicho listado también se detallarán los reconocimientos y honores que el Ayuntamiento capitalino hubiera concedido durante la dictadura como exaltación del régimen franquista.

El catálogo será entregado al grupo de gobierno del consistorio para que proceda a la retirada de estos elementos y honores, en cumplimiento de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica.

Para ello, el Comité Local de Sí se puede en Santa Cruz se ha puesto en contacto con asociaciones por la defensa de la memoria histórica, sindicatos y otros colectivos progresistas de la Isla, con los que determinará el número y la ubicación de todas las referencias a la dictadura franquista que aún quedan en calles, plazas y fachadas del municipio.

La iniciativa es consecuencia de una pregunta formulada al pleno el pasado viernes por Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en Santa Cruz, en la que el edil se interesaba por los expedientes abiertos en el Ayuntamiento para la retirada de estos elementos. En la citada sesión plenaria, la concejala delegada de Patrimonio Histórico, Clara Segura, aceptó, en nombre del grupo de gobierno, la demanda de Sí se puede de aplicar con todo rigor la Ley de Memoria Histórica, pero reconoció que el consistorio no dispone de un catálogo que recoja las referencias a la dictadura franquista en las vías públicas del municipio y los honores concedidos a personas como exaltación del régimen.

La Ley de Memoria Histórica, promulgada en su día para reconocer y ampliar los derechos y establecer medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, contempla que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura.