Sí se puede recuerda a la alcaldesa de Güímar que la Intervención municipal le advirtió sobre los reparos que levantó

 

Sí se puede recuerda a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, que la Intervención municipal le advirtió sobre los reparos que levantó y que fueron objeto de las denuncias presentadas conjuntamente por los dos grupos opositores en el Ayuntamiento, Sí se puede y PSOE, en 2015. Estas denuncias fueron ampliadas en 2016 con más datos relativos a distintos pagos ejecutados durante el presente y pasado mandato, presuntamente sin ser acordes a la ley ni a los procedimientos administrativos.

La organización ecosocialista considera que Castro presenta argumentos inconsistentes ante el tribunal, según se desprende de sus propias declaraciones a los medios en relación a lo que respondió este jueves en su condición de investigada a la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar. La alcaldesa tuvo que declarar en el marco de las diligencias previas abiertas en el proceso penal que se sigue por presunto delito continuado de prevaricación administrativa a raíz de estas denuncias, según el criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

En este sentido, Sí se puede recuerda que su denuncia se basa en los informes desfavorables de la Intervención municipal, que identificó graves infracciones, principalmente en los procedimientos de externalización de servicios u obras, en el incumplimiento de trámites esenciales para las autorizaciones o en la contratación de personal eventual. Precisamente, la anterior interventora municipal tuvo que renunciar a su puesto y cambiar de ayuntamiento, debido a las presiones que sufría.

Además, aparte de ser informada por el personal técnico, la alcaldesa fue advertida sobre la gravedad de sus infracciones por parte de los grupos de oposición en distintas sesiones plenarias.

La organización ecosocialista destaca que las acciones emprendidas por la organización y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Güímar están avaladas por el funcionariado, que tiene la obligación y responsabilidad legal de que se cumplan las normas. Con su forma de proceder, Castro ha dinamitado los procedimientos garantistas para que las empresas puedan concurrir en igualdad de condiciones en las contrataciones municipales, al tiempo que sus decisiones caprichosas pueden generar inseguridad al personal municipal.

Este mal gobierno, finalmente, pone en peligro a los proveedores de las pequeñas empresas del municipio, a los que se ha encargado materiales y servicios sin presupuestar y con los que se ha hecho gastos de forma temeraria. A ello se añade la incapacidad manifiesta del gobierno de PP-CC en administrar los fondos públicos, con unos pagos retrasados que amenazan la estabilidad de las pequeñas empresas y ponen en riesgo muchos puestos de trabajo.

La reacción de la Fiscalía Anticorrupción se produjo en julio de 2016 tras estudiar nuevos documentos aportados en marzo de 2016 para apoyar la denuncia inicial. El fiscal decidió entonces unir las diligencias para investigar posibles infracciones en materia contractual tras constatar la existencia de múltiples vulneraciones a la legislación en materia de contratación y señaló como posibles infractores a la alcaldesa, Carmen Luisa Castro (PP), y los concejales Verónica Isabel Jorge Mesa (CC) y Sixto Carlos Alfonso Martín (Alternativa por Güímar), sin perjuicio de que la investigación pueda apuntar a otras personas.