Unid@s se puede preguntará por la legalidad de las obras realizadas para el aparcamiento de Las Quinteras

El portavoz municipal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, explica que tras la respuesta dada por el Consistorio a una solicitud de información sobre el cumplimiento de la legalidad y del planeamiento vigente de las obras realizadas para la puesta en marcha del aparcamiento de pago de Las Quinteras, el edil de la formación lagunera considera que “se hace necesaria una pregunta en el próximo pleno municipal que certifique que los responsables municipales han realizado sus tareas de forma correcta”.

El miembro de la confluencia lagunera entiende que “la mejora de ese ámbito era necesaria, pero nos preocupa enormemente que el dinero público invertido acabe hecho escombros en breve, ante la imposibilidad de legalizar las actuaciones realizadas, según los técnicos con los que hemos consultado, lo que sería una nueva muestra de irresponsable gestión de los recursos públicos”.

La respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo asegura que “no consta ningún cambio de uso de las determinaciones del vigente Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico respecto a la parcela situada en la calle Las Quinteras y que en la actualidad se destina a aparcamiento de vehículos”. Este espacio aparece como un solar municipal dentro del área de influencia de la declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad del 2 de diciembre de 1999, con unos usos previstos como comercial, oficinas, salas de reuniones y espectáculos públicos, garajes, dotacional, prohibiéndose expresamente la localización de comercios de alimentación por su cercanía al emplazamiento donde debería estar ubicado el Mercado.

En el mismo informe se recuerda que “de acuerdo con lo manifestado desde el Área de Seguridad Ciudadana, el uso de aparcamientos en superficie se desarrollaría con carácter provisional -entendiendo que hasta tanto se materialicen las previsiones de edificación previstas en el Plan Especial- se debe considerar lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos aprobado por Decreto 86/2013, de 1 de agosto”. En ese documento se establece que una ocupación de ese tipo sobre dominio público solo puede ser excepcional y provisional, respondiendo claramente a circunstancias coyunturales.

Ascanio preguntará cómo es posible “que no se haya realizado una modificación puntual del planeamiento vigente para dar cabida legal a esta actividad, ya que el Gobierno municipal de CC-PSOE lleva desde 2012 con este proyecto”. Entiende que “una simple modificación hubiese permitido que los 300.000 euros que según los responsables municipales se invirtieron en adecuar este espacio, más las decenas de miles de euros que han costado las estructuras levantadas en ese entorno pudieran perdurar”. El concejal de Unid@s se puede quiere saber si en opinión de los responsables municipales, “lo ejecutado a día de hoy cumple con el criterio de provisionalidad establecido en la legalidad y además determinar los efectos que se podrían sufrir en las arcas municipales cuando deban retirarse las obras realizadas, ya que, con la información que tenemos a día de hoy las mismas no podrían ser legalizables”.

La formación lagunera recuerda además que en ese entorno se acordó en 1993 conceder a la empresa Inversiones Parque, vinculada con uno de los más importantes empresarios de la construcción de la Isla, la ejecución de un centro comercial, estacionamiento subterráneo de 700 plazas, estación de servicio y aparcamiento de guaguas, que aparece reflejado en el planeamiento actual. Este acuerdo ha generado un largo proceso legal entre la empresa Gestiones Industriales de Tenerife (Gitesa), relacionada con Amid Achi, e Inversiones Parque, vinculada a Antonio Plasencia. A este respecto, en 2014 el exconcejal de Hacienda y actual portavoz local de Coalición Canaria, Antonio Pérez-Godiño, aseguró sobre el futuro de ese espacio que “las negociaciones con Amid Achi ya han comenzado y no se descarta que rescindir su contrato implique una indemnización millonaria. De entrada seguirá siendo un aparcamiento y después ya se verá”.

El concejal lagunero finaliza apuntando que “esperamos que esta precipitación e improvisación en las actuaciones municipales no acabe generando nuevas consecuencias jurídicas para las arcas municipales frente a las empresas litigantes por la construcción del centro comercial de Las Quinteras”, recordando “que ya en 2015 obligó al Ayuntamiento a pagar  2.994.965 euros, fruto de un convenio entre los abogados de Gitesa y el Ayuntamiento”.